La XVI Legislatura establece restricciones para designar a personas con antecedentes de violencia en cargos de elección popular y en el servicio público

La Paz, California.- En un importante avance hacia la prevención de la violencia y la protección de los derechos, la XVI Legislatura del Congreso del Estado de Baja California Sur ha aprobado por unanimidad la Ley 3 de 3. Esta legislación establece restricciones para la designación de personas con antecedentes de violencia, deudores alimentarios morosos y agresores sexuales en cargos de elección popular y en el servicio público.

La reforma, que adiciona artículos a la Constitución Política del Estado y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, establece de manera contundente que ninguna persona que cuente con sentencia firme por delitos como violencia familiar, violación, violencia política de género o incumplimiento de la obligación alimentaria, podrá ser designada en puestos de elección popular o ser nombrada para empleo, cargo o comisión en el servicio público.

Asimismo, se determina que la Dirección General del Sistema Penitenciario deberá emitir una constancia de no contar con sentencia firme a aquellos individuos que aspiren a ser registrados como candidatos en elecciones o sean considerados para ocupar cargos públicos, en concordancia con los delitos mencionados.

Estas medidas, impulsadas por las diputadas Teresita de Jesús Valentín Vázquez y Gabriela Cisneros Ruiz, tienen como objetivo erradicar la violencia contra las mujeres, proteger el interés superior de la niñez y promover la igualdad de género. La aprobación de la Ley 3 de 3 marca un avance significativo en la lucha contra la impunidad y en la búsqueda de un servicio público íntegro y confiable.

Con esta nueva legislación, Baja California Sur se suma a otros estados del país que han implementado medidas similares para garantizar la idoneidad y la ética en los cargos públicos. La sociedad espera que estas reformas contribuyan a generar un cambio positivo en la cultura política y promuevan la participación de personas comprometidas con la justicia y el respeto a los derechos humanos.