Abogados señalan deficiencias y posibles influencias externas en el proceso judicial

Los Cabos, California.- Los asesores jurídicos de una víctima han levantado la voz en denuncia del retraso y las inconsistencias en el caso de un abuso sexual a un menor de edad, el cual fue denunciado hace 10 meses. El presunto responsable, Luis Carlos “N”, cuenta con una orden de aprehensión desde marzo de este año, pero hasta la fecha no ha sido localizado y se encuentra prófugo de la justicia.

Según lo manifestado, los hechos ocurrieron en abril del año pasado y la víctima presentó formalmente la denuncia el 6 de julio. El menor relató los acontecimientos el 12 de julio a través de una pericia psicológica y dibujos, lo cual confirmó que había sido víctima de abuso sexual. La denuncia quedó registrada con el Número Único de Carpeta (NUC) LPZ/4496/2022. Es importante destacar que la parte afectada había recibido amenazas de muerte en caso de hablar.

A pesar de que han transcurrido varios meses desde la presentación de la denuncia y ante las diversas inconsistencias en el caso, como la pérdida de evidencias y la falta de acción por parte de las autoridades encargadas de procurar justicia, finalmente el 4 de marzo de este año se emitió la orden de aprehensión contra Luis Carlos “N”, debido a la gravedad del delito cometido que involucra a un menor de edad.

Sin embargo, a pesar de contar con una orden de aseguramiento, el presunto abusador sexual continúa prófugo de la justicia. Los asesores jurídicos de la víctima informan que se le ha visto en lugares concurridos y que mantiene actividad en redes sociales. Esta situación genera una preocupación adicional para la víctima y sus allegados, quienes esperan que las autoridades tomen medidas efectivas para asegurar su captura y llevarlo ante la justicia.

Los abogados de la parte afectada expresan su preocupación ante la posibilidad de que el estatus social y la presunta influencia de la familia de Luis Carlos “N” hayan contribuido al retraso en el proceso judicial, lo que podría resultar en la impunidad del presunto abusador. Temen que esta situación afecte la imparcialidad y la equidad del sistema de justicia, por lo que instan a las autoridades a garantizar que el caso se resuelva de manera oportuna y justa, sin verse influenciado por factores externos.