NUEVA LEY MINERA: BUENAS NOTICIAS PARA BCS

Por Carlos González Muñoz

La Ley Minera de Carlos Salinas de Gortari promulgada en 1992 que favoreció la sobreexplotación y el saqueo impune de los recursos minerales de la nación, a manos de un puñado de empresarios nacionales y extranjeros por cuatro décadas, está a punto de salir de circulación.

La nueva Ley Minera propuesta por el Presidente de la República y que está por aprobarse en el Congreso de la Unión, a diferencia de aquella, prohíbe el otorgamiento de concesiones mineras submarinas y en zonas sin disponibilidad de agua, en áreas naturales protegidas o en donde se ponga en riesgo a la población.

La iniciativa de Ley Minera de AMLO propone también reducir el plazo de las concesiones mineras de 100 a 15 años, prorrogables a condición del cumplimiento de obligaciones sociales y fiscales , así como la imposición de cuantiosas multas y prisión de entre cinco a diez años a quienes menoscaben la seguridad física de sus trabajadores. También incluye la obligación de las empresas mineras de pactar contraprestaciones monetarias con los propietarios de los terrenos, así como la realización de acciones destinadas a prevenir, restaurar y mejorar el ambiente, evitando la contaminación del aire, agua, suelo y subsuelo.

Otro punto importante de la iniciativa es el retiro a la minería de la calidad de “actividad preferente”, es decir, queda suprimida la legislación que establecía que la exploración, explotación y beneficio de los minerales será preferente sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del territorio, argumento con el que las mineras pueden imponer sus intereses sin ninguna restricción legal.

La nueva Ley representa un giro de 180 grados porque coloca en el centro de atención a las personas y al medio ambiente, no al capital financiero ni tampoco a las grandes corporaciones mercantiles, como sí sucede con la actual legislación.

De aprobarse la nueva Ley Minera, Baja California Sur sería definitivamente de las entidades más beneficiadas porque se trata de un territorio permanentemente amenazado por voraces mercaderes del dinero, al figurar entre los cinco estados de la República con el mayor número de concesiones mineras otorgadas por los gobiernos de Fox, Calderón y Peña Nieto, incluidas concesiones para la minería submarina y en áreas naturales protegidas. BCS, Chiapas y Oaxaca, sólo estas tres entidades acumulan 14 concesiones de este tipo que ya no podrán ser reclamadas por sus poseedores.

Criticada esta iniciativa de Ley Minera por la oposición del PRIANRDMC , y también por la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalúrgicos y Geólogos, la acusan de representar “cambios que implicarán un impacto severo a la forma habitual en que se desarrolla la industria y un cambio radical a las disposiciones sobre las cuales las empresas mineras nacionales y extranjeras invirtieron en el país”, y no se equivocan.

Por primera vez en la historia reciente del país, estamos ante la posibilidad de que desaparezcan los privilegios y decretos que han protegido desmesuradamente a un puñado de empresas mineras y devastado zonas enteras del país, arruinado a sus poblaciones.

Con la nueva Ley Minera se crean las bases jurídicas de una auténtica transformación de esta actividad en favor de la población, del fortalecimiento del Estado, del medio ambiente y de los derechos humanos.

Una excelente noticia.