La FGR ha vinculado a una decena de funcionarios por el desfalco de más de 1,400 millones de pesos entre pasivos, comprobantes perdidos y reparto de alimentos

La Paz, California. Un juez federal emitió 22 órdenes de aprehensión contra funcionarios públicos, empresarios y beneficiarios quienes desviaron 142 mdp de la entidad Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex). La Fiscalía General de la República fue quien acusó formalmente a los implicados.

Los delitos por los que se les acusan es delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado en contra del patrimonio de la dependencia. El Segalmex es un organismo descentralizado, sectorizado a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que busca la autosuficiencia alimentaria en los cuatro granos básicos (maíz, trigo, arroz, frijol) y leche, fomentar el desarrollo económico y social del país.

La FGR indicó que doce servidores públicos, cuatro personas de las empresas coludidas y seis personas que pasaban como beneficiarias se involucraron en el desfalco. El modus operandi era el siguiente:

“Celebraron contratos ilegales y pagos ilícitos por la cantidad de 142.440,883 millones de pesos, por una supuesta adquisición de 7,840 toneladas de azúcar, que se utilizarían en beneficio de la población del país y las que nunca pudieron probar que las habían entregado legalmente”.

FGR

El órgano de justicia indicó que hay más carpetas de investigación abiertas por otros desvíos de la misma entidad; de hecho, en noviembre de 2022 fue vinculado a proceso René Gavira Segreste, exdirector de finanzas de Segalmex, por renovar contratos de adquisición ilícita en los años 2019 y 2020. Gavira no puede salir de la CDMX ni acercarse a los testigos del caso y debe firmar quincenalmente en la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares de la Guardia Nacional.

Hasta ahora, las irregularidades de la entidad ascienden a los 9,500 millones de pesos en la distribución de maíz y frijol; además, no se encontraron los comprobantes por 212 millones de pesos y faltan las pruebas de la recepción de bienes y servicios que generaron pasivos por 296 millones de pesos.

Asimismo por una incongruencia de 476 millones en el registro del valor de granos y lo que se tenía en los estados financieros de la dependencia.