En Corto


MINISTROS DE LA SUPREMA CORTE DICEN: #ElChayoteNoSeToca

Por Carlos González M.

A iniciativa del ministro Alberto Pérez Dayán, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, SCJN, decidió suspender las reformas a la Ley General de Comunicación Social recién aprobadas por la Cámara de Diputados que obligan a los gobiernos federal, estatales y municipales, a respetar un tope de 0.01% en sus presupuestos de egresos destinado al gasto en difusión y prensa.

Fueron doce los recursos de inconstitucionalidad que presentaron ante la SCJN igual número de municipios y gobiernos estatales, todos ellos gobernados por el PAN y el PRI, recursos en los que solicitan a la Corte impedir la aplicación de una reforma a la que acusan de violar su autonomía e invadir facultades reservadas exclusivamente a ellos.

¿Por qué la resistencia?

Estos cambios a la ley general de comunicación fueron aprobados apenas en diciembre pasado por los votos de la mayoría de Morena en la Cámara de Diputados, y forman parte importante del denominado «Plan B» de la reforma electoral del Presidente de la República, cuyo propósito es reducir el gasto millonario que gobiernos de los tres niveles destinan al renglón de comunicación social, particularmente en periodos electorales y que se ha convertido en una fuente inagotable de corrupción.

El resolutivo fue rechazado de inmediato por el bloque de partidos PRIANRDMC, quienes amenazaron con impugnar las reformas… y cumplieron.

¿Qué sucedió?

Los ministros respondieron con rapidez al reclamo del bloque opositor y el ministro Pérez Dayán decidió que esta reforma, dijo, «afecta irreparablemente el sistema democrático» del país, cuando solamente se pretende reducir el excesivo gasto que muchos gobiernos utilizan en maquillaje ¡perdón! en difundir sus actividades.

Con esta reforma a la ley, los gobiernos de los tres niveles sólo podrán destinar al renglón de comunicación social un peso por cada 1000.

Un ejemplo: Cualquier gobierno que maneje un presupuesto anual de 25,000 millones de pesos, la Ley General de Comunicación Social le obliga a destinar, cuando mucho, 250 millones de pesos en pago a medios de comunicación, una suma bastante modesta que contrasta con las cifras millonarias que gobiernos de todos los niveles destinan al pago de facturas a empresas de comunicación y a periodistas, un auténtico barril sin fondo que erosiona y lastima profundamente al erario.

La SCJN decidió de manera expedita que las reformas a la Ley General de Comunicación Social, así de fácil y hagan lo que hagan los legisladores federales, no se aplican en Edomex y en Coahuila, entidades que celebran elecciones este año y que son gobernadas ¿casualmente? por el PRI.

Señores ministros: Nos queda claro que ustedes, al igual que Lorenzo Córdova en el INE, han tomado partido a favor del bloque de partidos políticos que encabezan PAN y PRI, y sin rubor alguno se colocan la camiseta con el lema: #ElChayoteNoSeToca

¡Dan pena ajena!

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