Las cifras de violencia hacia las mujeres sigue en aumento en el estado

La Paz, California. Ante el anuncio de la Cruzada Estatal Contra las Violencias de Género y las campañas para disminuir la violencia contra la mujer, integrantes del Primer Parlamento de Mujeres del estado alzaron la voz. Entre ellas Alma Margarita Oceguera, quien criticó que la actual administración hable de estrategias, pero eso no se refleja en cifras, las cuales siguen aumentando.

“Si realmente quieren hacer una cruzada contra la violencia y garantizar los derechos humanos de las mujeres que ha sido una deuda histórica histórica, ¿Qué estamos esperando? ¿El banderazo? Desde que inició la administración está anunciado esa cruzada y ¿Qué pasa? ¿Por qué no está funcionando?”, dijo Oceguera.

Desde 2021 el gobernador ha impulsado programas que, entre sus objetivos, buscan disminuir la violencia de género; entre ellos está “Tu bienestar nos une”. Sin embargo, las cifras oficiales del Sistema Nacional de Seguridad Pública establecen que para 2022 los delitos contra la seguridad sexual incrementaron un 27%.

Estos datos no son aislados, se ha aumentado el número de carpetas de investigación por violencia familiar en un 5%. Dicha violencia, a pesar de su nombre, es mayormente ejercida en contra de las mujeres por parte de sus conyugues. Al respecto, Oceguera añadió que no hay rendición de cuentas y no hay justicia real ni pronta para las víctimas.

Otra de las parlamentarias, Evangelina Castillo Hirales, dijo que en su trabajo como taxista ha visto muchos casos de violencia contra la mujer en la ciudad capital y la poca acción de las autoridades:

“A una [mujer] me tocó llevar con su niño al aeropuerto porque en la Procuraduría de Justicia le dijeron que no tenía moretones y que no podían ellos ponerle ni siquiera una restricción a la persona [agresora]. Tuve que llevarla al aeropuerto para abordar sin sus pertenencias e irse a su ciudad de origen”, relató.

Las parlamentarias también exigen la publicación de la Ley 3 de 3. Sostuvieron que el gobierno no puede pronunciarse en contra de la violencia de género si no toma las acciones pertinentes para que los violentadores no lleguen a los cargos públicos.