En Corto


MAGISTRADOS Y JUECES ENSAYAN “GOLPE DE ESTADO” VS. LA 4 T

por Carlos González Muñoz

Firmar y difundir un desplegado el pasado mes de abril durante el proceso de revocación de mandato, en donde manifestaban su apoyo a Andrés Manuel López Obrador, costará a 18 gobernadores morenistas, incluido el profesor Víctor Castro Cosío, ser inscritos en el Catálogo Nacional de Sujetos Sancionados por Violar la Ley Electoral, amonestación que podría extenderse en caso de reincidir y ser acusados todos ellos también de insolvencia moral, de “perder el modo honesto de vivir”, causal que justificaría suspender su derecho constitucional para contender por un puesto de representación popular.

La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEPJF, confirmó el fallo de su Sala Especializada en Delitos Electorales, que calificó el pasado día lunes como una falta grave a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el manifiesto firmado por las y los gobernadores de Morena porque, según estos jueces, se trató de propaganda gubernamental que violó el principio de paridad.

La magistrada Janine Otálora incluso propuso que se les aplique el mismo criterio y consecuencias de aquellos que cometen violencia política en razón de género y así perder su derecho a ser inscritos para contender en elecciones constitucionales, es decir, inhabilitarlos.

Si con esta misma dureza que para muchos raya en la venganza, estos jueces y magistrados electorales hubieran interpretado la Carta Magna cuando el PRIAN con su famosa tarjeta MONEX-compra votos, contaminó la campaña electoral del 2015, hasta convertirla en un océano de estiércol que finalmente colocó a Enrique Peña Nieto en la silla presidencial, estos jueces no solamente hubieran invalidado de manera fulminante el triunfo del PRIAN, sino abierto cientos, tal vez miles, de carpetas de investigación para meterlo en la cárcel a él y a quienes lo apoyaron financiera y políticamente. Pero no lo hicieron, al contrario.

Antes de 2018 y del arribo de la Cuarta Transformación, el INE y demás autoridades electorales eran fieles, dóciles e indulgentes cómplices del poder político, nunca detectaron violación alguna a la ley y a la democracia. Pero ahora actúan y se conducen como despiadados y crueles guerreros, fingiendo ser celosos guardianes de la ley cuando no son sino cómplices y marionetas de quienes quieren regrese un pasado de corrupción e inmoralidad que se resiste a morir.

¿Se capta la malicia, la profundidad de este ensayo de la derecha mexicana de judicializar la política?, ¿de pretender inhabilitar a buena parte de la “crema y nata” de la clase política de la izquierda del país? ¿sacarlos de la jugada? ¿incluida una mujer presidenciable para el 2024? ¿y otros más para el 2030?

Con esta estrategia de guerra jurídico-política, El INE y su brazo represor, el Tribunal, la autoridad electoral está interviniendo descaradamente y contaminando la campaña presidencial de 2024, campaña ¡que aún no comienza formalmente!

Estos jueces y magistrados adelantaron e hicieron público que también tienen en la mira a Adán Augusto López Hernández, Secretario de Gobernación, otro presidenciable, acusado de haber viajado a Ciudad Juárez y utilizado un avión de la Fuerza Aérea para asistir a un mítin de apoyo a AMLO, vuelo y participación que fueron igualmente calificados como graves delitos que violentan la Constitución Política.

Esta estrategia que pretende judicializar la política debería no ser subestimada por los aludidos porque ante la ausencia de candidaturas fuertes y competitivas de la derecha que le disputen a Morena la Presidencia de la República, con posibilidades reales ya no de ganar sino evitar el ridículo, esa derecha no tiene otra alternativa que recurrir a medidas como la anunciada por la magistrada Janine Otálora, es decir, judicializar la campaña, sacarla del carril de la política, alejarla del terreno del debate y llevarla al terreno de la confrontación judicial, a los cubículos de los abogados.

Bien dice el Presidente de la República que “nunca antes como ahora en México se puede conocer e identificar de qué lado está cada quién, los intereses que cada quien defiende”, por lo que se agradece la crudeza y franqueza de don Lorenzo y sus operadores políticos de anunciar, sin máscaras, su agresiva estrategia de guerra judicial.

La campaña del 24 ¡ vaya que caminará sobre campo minado!

PD. Acabo de leer la noticia de que estos jueces y magistrados también votaron a favor de imponer sanciones similares a Marcelo Ebrard Casauvon, Secretario de Relaciones Exteriores. acusado de violar las reglas de revocación de mandato y uso indebido de recursos públicos.

¿Su “delito”? Invitar a la ciudadanía a participar en el proceso de revocación de mandato, contraviniendo nada menos que la estrategia del INE dirigida en sentido contrario, inhibir la participación de la ciudadanía en dicho proceso de revocación de mandato.

Mientras don Lorenzo reducía número de casillas y las pocas que autorizó, las escondió en colonias y barrios apartados, este personaje destacado de la Cuarta Transformación andaba de agitador, expandiendo la democracia, invitando a la gente a participar en los asuntos públicos de interés general.

¡Cómo se atrevió a llevarle la contra al “jefe”!

No cabe duda, el Gran Inquisidor de la Nueva España, don Lorenzo Abad y Queipo, Obispo del INE, anda suelto, repartiendo ex comuniones a granel!

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