En Corto


Por Carlos González Muñoz

ADMINISTRACIÓN DE PUERTOS EN BCS: EL PROFESOR TIENE LA PALABRA

Los puertos del país, en su mayoría, están administrados por el Gobierno Federal y son una fuente importante de recursos extraordinarios para este. Es el caso de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, cuya Administración Portuaria Integral, API, es la responsable del control, administración y seguridad de los recintos portuarios. El puerto de Pichilingue, en La Paz, en cambio, la API respectiva es manejada por el gobierno del estado.

Dos hermanas, una más rica que la otra.

Recientemente el senador Ricardo Velázquez, pidió en tribuna que el gobierno federal asuma por completo la administración de los puertos sudcalifornianos, abriendo con su intervención un debate en el cual el propio Presidente de la República ha fijado ya su postura al dejar en manos del gobernador del Estado la decisión final, advirtiendo que se respetará.

Sorprende a muchos, comenzando por su propio partido, Morena, que el senador Velázquez, en lugar de exigir a la federación que el gobierno estatal sea quien recupere la facultad de retener y disponer de los recursos provenientes de una de las administraciones portuarias con más ingresos del país, la de Cabo San Lucas, en lugar de ello el legislador federal esté pidiendo que a BCS se le despoje de administrar el puerto de Pichilingue, solicitud que seguramente sólo él respalda.

José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina, SEMAR, ha advertido no estar facultado para decidir sobre el tema y aclaró “no estar buscando quitarle facultades al gobierno estatal”.

El Presidente de la República también coincidió en aclarar que el tema “está en manos del gobierno del estado y será el profesor Víctor Castro quien decida sobre lo que más conviene”.

¿Qué le conviene a la entidad? ¿hacerle caso al senador?

Quienes opinan que sea la federación quien administre los puertos lo hacen tal vez con el argumento de que los gobiernos estatales utilizan estos recursos para su uso político personal y que se manejan de manera poco clara.

Si bien es cierto que cualquier API puede convertirse en la “caja chica” de políticos y gobernantes corruptos, y más cuando se trata de una API como la de Cabo San Lucas, habría que tomar en cuenta dos cosas: el gobierno que encabeza Víctor Castro es diferente al de su antecesor y él personalmente goza de fama pública de una honradez reconocida.

Segundo, ante la grave situación económica y financiera por la que atraviesa la entidad, resultado de una década de gobiernos panistas que dilapidaron la hacienda pública y de una pandemia que afectó la economía de todo el país, urge que el actual gobierno de Baja California Sur, cuente con una fuente extraordinaria de recursos suficientes que le permitan responder satisfactoriamente a los retos y objetivos que persigue el Plan Estatal de Desarrollo: el dinero nunca sobra.

El senador ya habló al respecto. AMLO también y el secretario de Marina.

Solamente falta el profe.

MEMORIA EN CIFRAS…
1 950 Toneladas es la producción anual promedio de camarón en BCS.
109 Los permisos expedidos por las autoridades de Pesca para la explotación del camarón.
445 La embarcaciones dedicadas a la pesquería del camarón.
1 000 Los empleos directos que crea esta actividad.
5 000 Los empleos indirectos. (datos de la Secretaria de Pesca, Acuacultura y Desarrollo Agropecuario de BCS).

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