Por Carlos González Muñoz

MUJERES DE BCS, SIN LIBERTAD PARA DECIDIR SOBRE SUS CUERPOS

El Día Internacional de la Mujer se festeja el 8 de marzo en todas partes del planeta con un recuento de las conquistas alcanzadas por el movimiento feminista. Pero también la fecha se conmemora, como en toda lucha, repasando fracasos y anotando aquello que falta por avanzar.

Baja California Sur es una entidad en la que a pesar de los avances legales en la materia, forma parte de los 25 estados de la República en donde la libre voluntad de la mujer para interrumpir su embarazo sigue siendo una aspiración y por eso mismo una decisión difícil de tomar por el riesgo que aún existe debido al temor de terminar en la cárcel o sufrir alguna pena.

Si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió recientemente una sentencia en la que establece que es inconstitucional la criminalización del aborto, actualmente sólo siete entidades federativas reconocen el derecho pleno de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, CDMX, Veracruz, Coahuila, Baja California, Hidalgo, Oaxaca y Colima.

En las demás entidades, incluida Baja California Sur, el derecho para hacer del aborto seguro y de la interrupción del embarazo un derecho y no un delito sigue siendo una deuda pendiente de legisladoras y legisladores locales de todos los partidos políticos pero fundamentalmente de los que se reclaman de izquierda.

En estas circunstancias el derecho a la interrupción del embarazo en México está sujeto al lugar de residencia de las mujeres por lo que se ha convertido en un privilegio y en un derecho restringido del que están excluidas todas aquellas mujeres que por su condición social o económica no pueden desplazarse de un lugar a otro.

En Baja California Sur, entidad federativa gobernada por Morena, sigue sin reconocerse la libre voluntad de las mujeres para interrumpir el embarazo y es por eso, insistimos, una deuda pendiente y un derecho que debe extenderse a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.

A las causales que el Código Penal de Baja California Sur reconoce como válidas para permitir un aborto y que son violación, riesgos a la salud de la madre o malformación del producto, habría que añadir el de la libertad plena de las mujeres para acceder al aborto legal, seguro y gratuito.

No está por demás siempre aclarar que el aborto legal no obliga a nadie a abortar, sólo se reconoce el derecho de las mujeres a decidir.

A fin de cuentas sería reconocer, tardíamente, el derecho que tiene toda mujer, no sólo las sudcalifornianas, de no ser nunca más rehénes de su propio cuerpo.