Por Carlos González Muñoz

MEGA PROYECTOS, MEGA SOSPECHAS

Los 10 años de gobiernos del PAN que transcurrieron ininterrumpidamente de 2011 a 2021, pasarán a las páginas de la historia de Baja California Sur como una década en que el saqueo de las arcas públicas y el sometimiento total de los poderes legislativo y judicial al poder ejecutivo fueron los rasgos distintivos de estos regímenes.

Al despilfarro del erario y al predominio del ejecutivo en todos los ámbitos de la administración pública estatal habría que añadir también el control absoluto que estos gobiernos ejercieron sobre los medios de comunicación locales con el objetivo explícito de ocultar a la opinión pública acontecimientos y decisiones que ahora se sabe, podrían constituir actos de corrupción además de poner en riesgo el futuro y salud de las próximas generaciones.

Con la alternancia en el poder y el arribo de Morena y su aliado el PT al gobierno del estado, la opinión pública que estuvo amordazada todo este tiempo comienza a enterarse y tener conocimiento de algunas decisiones que los gobierno del PAN tomaron a espaldas no solamente de la población sino incluso pasando por encima de los legisladores locales.

En las últimas semanas ha trascendido que el gobierno encabezado por Carlos Mendoza Davis, habría dado los primeros pasos y “prometido” autorizar a una empresa privada la ampliación y construcción en el puerto de Pichilingue de un mega muelle con capacidad para recibir mega cruceros que dejarían, afirman los promotores del proyecto, mega ganancias a la Administración Portuaria Integral, API, y también desparramar mega beneficios a la sociedad sudcaliforniana y paceña en particular.

Objetivos mega positivos todos ellos pero igualmente mega inciertos porque de los inevitables y comprobados mega daños provocados al medio ambiente por estas mega empresas no se dice nada o bien estos mega efectos… se mega minimizan.

Aunque no se cuenta aún con la autorización definitiva de la autoridad federal en materia ambiental, tampoco se tiene información confiable y actualizada al respecto que permita a la sociedad intervenir y opinar sobre un proyecto que por sus dimensiones y efectos en el medio ambiente es obligada su participación.

Sin embargo y a cuenta gotas se ha filtrado información de que la empresa aludida habría entregado en su momento un “adelanto” a ex funcionarios de la anterior API para “asegurar” así los respectivos permisos y contratos futuros de una obra proyectada cuyo destino se encuentra en apariencia, suspendido en el aire.

El “sospechosismo” que envuelve a este mega proyecto desde un principio lo ha acabado de mega contaminar y la opinión pública lo identifica con Carlos Mendoza Davis. con su gobierno y con sus triquiñuelas. Ni hablar.

Esta impresión lo hace vulnerable en extremo y por esa razón con pocas posibilidades de ser autorizado porque serían no solamente argumentos ambientalistas sino de otra índole los principales obstáculos a vencer por los interesados en su puesta en marcha.

A la poca transparencia y desinformación que envuelven desde un principio al proyecto citado se suma el mega coraje de la población local por no tomarla en cuenta en un asunto de evidente interés general.

Esta energía colectiva apenas comienza a tomar forma y su objetivo es enviar al cesto de la basura un proyecto empresarial que independientemente de sus probables beneficios nació muerto por “sospechoso” debido a la mala fama de algunos de sus promotores.

La culpa principal sería del padrino que organizó el bautizo casi en el clandestinaje y desde un principio querido ocultar el embarazo.

Se trata de un chamaco feo y antipático de por sí para una sociedad que pese a los apremios y la necesidad de fomentar el desarrollo y crecimiento económicos valora más a la naturaleza que al oro.