• Red histórica de complicidades y corrupción desde hace más de década y media

Por: Armando León Lezama

El caso del señor y ciudadano Juan Manuel Urquidez Rángel, creció en su nueva exigencia del cumplimiento de un fallo de la corte mexicana, a su favor, en el mes de arranque del año 2022.

Es una propiedad, que a decir «del papelito habla» en sus manos, no peca de falsedad. Existe y es suya.

Por el contrario.

Con las pruebas documentales en las manos, se puede decir, que solo falta, aplicar el estado de derecho y el cumplimiento de un fallo a su favor.

Sin embargo, por los años que lleva su caso, las trinquiñuelas legaloídes, la red de complicidades en una geografía donde se han tapado con la misma cobija, algunos servidores públicos, políticos, gobernantes, funcionarios, y cómplices de menor rango, en el Estado de Baja California Sur, han generado el agravio en contra de un ciudadano con sus derechos salvos para manifestarse.

Uno más entre miles de casos de despojos y complícidades.

Herencia, de un sistema político «a la mexicana», donde ciertamente, aprovechones de medio pelo, como lo sería posiblemente, el vecino que se apropio de lo ajeno, amparado por tráfico de influencias, engaños y falsificaciones, que no solamente han despojado, agraviado a un ciudadano, que tuvo que ausentarse poco más, poco menos de un año.

Además de ser presa de abogados, unos en paz descansen, otros «muy vivos», que a lo largo de muchos años, lo han desgastado.

Incluyéndose en la lista de males en contra del afectado en mención, el no cumplimiento de la legalidad de manera alevosa y ventajosa, de quienes manchan la honorabilidad de las instituciones.

No es el tema entonces, la destitución del abogado y magistrado presidente del tribunal superior de justicia en el Estado de Baja California Sur, Daniel Gallo Rodríguez.

No es el desequilibrio de una institución lo que se necesita; lo que sí es exigible, que el caso del señor, Juan Manuel Urquídez Rángel, le sea restituida y entregada con la fuerza del Estado de derecho su propiedad, ubicada en el municipio de Los Cabos.

No se necesita de legisladora local, que lleve agua a su molino publicitario.

Porque de voz del afectado, solamente visitó.

No tomó el caso a fondo. No se comprometió Eufrosina, como lo hizo saber en su boletín de frívolidad.

De manera, que no es asunto de una destitución improcedente – solamente del actual abogado que asume por segunda vez, el litigio; pero con ingrediente politico -.

Es la unificación de poderes públicos del Estado Sudcaliforniano, para generar voluntades antes imposibles, que saquen del entramado de posible corrupción, tráfico de influencias y red de complicidades de anteriores gobiernos, estatal, municipal cabeño, juzgados y notarias, el caso en mención.