UNIPAZ en el VII Congreso Iberoamericano sobre Cooperación, Investigación y Discapacidad


Por quinto año consecutivo, la Universidad Internacional de La Paz (UNIPAZ) acudió al Congreso Iberoamericano sobre Cooperación, Investigación y Discapacidad, esta vez en su séptima edición, celebrada en la comunidad autónoma española de Extremadura.

La psicóloga Marlenny Albáñez Rodríguez, docente, coordinadora de diplomados de intervención en crisis y resiliencia tanatológica, así como miembro del cuerpo directivo de la UNIPAZ, representó a la institución en el panel Intercambio de “Experiencias: proyectos de discapacidad, cooperación y género”, en donde compartió opiniones con Sonia Morales Calvo, vicedecana de profesorado, calidad y sostenibilidad de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM); con la socióloga Jesshie Toledo, co-fundadora de la Fundación Audere, en Uruguay; y María Isabel Díaz Retamosa, presidenta de la asociación española APTO.

“Compartimos las investigaciones en las que hemos colaborado como Universidad Internacional de La Paz, investigaciones no sólo locales y que se han desarrollado desde el Instituto de Investigación e Innovación para el Desarrollo de la universidad, el INDE, sino también las investigaciones donde hemos participado con instituciones como FIMPES, la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Salud”, explicó la psicóloga Albáñez Rodríguez, “para compartir y generar datos sobre la realidad a la que nos hemos enfrentado la población estudiantil, sus familias, la comunidad rural, y cuáles son los retos”.

Asimismo, la coordinadora de diplomados de intervención en crisis y resiliencia tanatológica de la UNIPAZ discurrió sobre la manera en que la necesidad de hacer uso de la tecnología para comunicarnos en medio de las medidas de distanciamiento social provocadas por la pandemia de COVID-19 evidenció una desigualdad que ya era alarmante y que se profundizó “en poblaciones con alguna característica o circunstancia de vulnerabilidad, como las personas con discapacidad y personas en la zona rural”.

Albáñez Rodríguez destacó las similitudes, en cuanto al entorno entorno rural, que existen entre Extremadura y Baja California Sur, mostrando que la pandemia igualó en buena medida la condición de los docentes en ambas latitudes, pues muchos de ellos no contaban con recursos tecnológicos, con competencias o incluso con voluntad: “Sabemos que ese es uno de los retos y en UNIPAZ lo detectamos y lo abordamos. Sabemos que a lo largo de estos dos años nuestros docentes se han estado preparando a través de la red de recursos tecnológicos que nos ofrece Google […] Es importante extender las acciones y encontrar aliados en la investigación, así como en proyectos cooperativos relacionados con la discapacidad”.

El VII Congreso Iberoamericano sobre Cooperación, Investigación y Discapacidad, organizado por el Instituto Iberoamericano de Investigación y Apoyo a la Discapacidad Intelectual (Inibedi) y la Fundación de Hermanos para la Igualdad y la Inclusión Social (Fundhex), tuvo como lema “ODS, Género y Discapacidad en el ámbito rural tras la COVID-19”. Participaron organizaciones civiles, agencias internacionales, instituciones gubernamentales e iniciativa privada de Portugal, Uruguay, Colombia, Andorra, México, Cuba, Costa Rica, Ecuador y Panamá.

La idea-fuerza de este VII Congreso Iberoamericano sobre Cooperación, Investigación y Discapacidad, tras el paréntesis que ha supuesto el paso de la pandemia, es el intercambio de experiencias entre países iberoamericanos para compartir respuestas ante la demanda de satisfacer necesidades de la población con discapacidad y de sus familias respecto a servicios básicos y derechos en Iberoamérica, desde Extremadura, en el nuevo contexto mundial de COVID-19. Los tres ejes de acción son: los derechos de las personas con discapacidad y la incidencia política como transformación social; las mujeres con discapacidad como doble discriminación, necesario de visibilizar y evitar desigualdades en sectores de la población; y las carencias detectadas en el ámbito rural, no sólo en materia de empleo sino en formación, autonomía o accesibilidad, lo que supone una triple discriminación.

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