¡Ya son legales estos minicasinos que abundan en tiendas de colonias!


San José del Cabo (California).- Cientos de máquinas tragamonedas en donde se pueden hacer apuestas de 2, 5 y hasta 10 pesos, se encuentran distribuidas en misceláneas en las principales ciudades de Baja California Sur.

Siempre se sostuvo que eran dispositivos ilegales, desplumaderos clandestinos, donde principalmente los niños son sus principales clientes. Incluso hubo operativos de la antes conocida como PGR hoy FGR, para decomisar los aparatos.

Hoy todo ha cambiado.

La Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional la penalización de las máquinas tragamonedas clandestinas, por la falta de claridad de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que data de 1947 y nunca ha sido reformada por el Congreso.

Por tres votos contra dos, la Primera Sala de la Corte amparó hoy a Erik González Eulogio, quien en 2017 fue acusado por la entonces PGR del delito previsto en el artículo 12 de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, luego del cateo a un local de la ciudad de Puebla donde fueron aseguradas 19 máquinas.

La FGR constantemente realiza operativos de este tipo en el País, en los que asegura máquinas que operan de manera clandestina en pequeños locales como farmacias o tiendas de abarrotes, o incluso en domicilios particulares, mismas que son distintas a las instaladas en casinos que tienen permiso de la Secretaría de Gobernación.

La ley castiga con tres meses a tres años de cárcel “a los dueños, organizadores, gerentes o administradores de casa o local, abierto o cerrado, en que se efectúen juegos prohibidos o con apuestas, sin autorización de la Segob, así como a los que participen en la empresa en cualquier forma”, mientras que los dos primeros artículos de la misma ley son los que mencionan cuáles son los juegos permitidos.

Sin embargo, la Corte determinó que, por la vaguedad de esta ley, se tiene que acudir al Reglamento, emitido por el Poder Ejecutivo, para saber cuáles son los “juegos prohibidos”, lo que es inconstitucional, ya que todas las conductas sancionadas penalmente tienen que ser determinadas con claridad por el Congreso.

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