Medios y Remedios


Militarizacion no: ONU

Antonio Ceja

Una de las eternas promesas de campaña del presidente Andrés Manuel López Obrador fue la de que, en caso de llegar a ser presidente del México, el ejército y la marina nacional regresaría, de nueva cuenta, a los cuarteles y puertos nacionales. Sin embargo, tal parece ser que las Fuerzas Armadas han sido no solo no devueltas a los cuarteles, sino que ahora, el jefe del ejecutivo nacional los ha promovido para realizar acciones tan diversas como o son los ramos de la construcción, aduanas y proporcionar seguridad a la sociedad.

Como se recordará, desde el principio de su mandato AMLO ordenó desaparecer a la Policía Federal con las consecuencias que ya conocemos además de otros organismos de seguridad como los federales de caminos con la única finalidad de crear la Guardia Nacional emulando al lado armado de países donde gobiernan dictadores como Nicolás Maduro de Venezuela o Daniel Ortega en Nicaragua.

Ante la evidente jugada de López Obrador de militarizar a su modo la república mexicana disfrazando al ejército de civiles con funciones específicas, lo cierto es que el plan del presidente es claro: tener un brazo armado para contrarrestar a la oposición.

Ante esta perspectiva, la ONU y varios expertos en materia de Derechos Humanos enviaron al gobierno de México con destino a Palacio Nacional, una carta donde hacen una petición muy seria: modificar o anular el acuerdo donde se establece la disposición de las Fuerzas Armadas para la realización de labores en materia de seguridad pública.

Lo anterior, es un intento más de la ONU para lograr que el gobierno mexicano cumpla con las convenciones y tratados a nivel internacional respecto al tema de derechos humanos, algo que López Obrador ha desestimado al colocar a Rosario Ibarra al frente de la CNDH y, desde que tomó posesión del organismo no ha emitido una sola recomendación al gobierno de México o de algún Estado de la república.

El Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la ONU junto con Agnes Callamard, relatora especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales; Clement Nyaletossi Voule, relator especial sobre Derechos a la Libertad de Reunión Pacífica y Asociación, y Nils Melzer, relator especial sobre Tortura hicieron este llamado al presidente López Obrador, puntualizando que aclare los puntos del acuerdo que él mismo echó a andar, subrayando que no concuerdan con los estándares internacionales sobre el papel de las fuerzas del tipo militar.

El pasado 24 de marzo AMLO establecía, mediante un acuerdo, que las Fuerzas Armadas del país se encargaría de realizar acciones de seguridad pública hasta marzo del 2024; en su momento, más de 400 organismos que velan por los derechos humanos detallaron que “la militarización debilita la labor de organizaciones civiles y dificulta el acceso de las víctimas al derecho de una defensa y a la justicia”.

La ONU, sin duda, es un organismo al cual el presidente López Obrador ha recurrido con insistencia para que sea ella la que se encargue de varias negociaciones como la supervisión en la compra de vacunas anti covid; supervisión de empresas para la realización de obra pública y hasta para la compra de medicamentos de todo tipo. Aunque la cancillería mexicana ya respondió a la misiva de la ONU lo cierto es que no se aclararon los puntos clave que apuntaron los expertos del organismo.

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