Medios y Remedios


Ayuntamiento cobrón

Antonio Ceja


Para nadie es un secreto que los ayuntamientos, casi todos, padecen de una condición económica precaria. Su situación obedece, generalmente a que las municipalidades han dejado crecer, de manera cuantitativa, la plantilla de empleados innecesarios y los derechos que éstos adquieren con el paso del tiempo destinando casi el 100 por ciento de la recaudación en pago de nómina y bonos absurdos dejando, así, casi paralizadas las obligaciones municipales.

Y aunque casi nadie quiere tomar al toro por los cuernos de la burocracia que mama el presupuesto municipal, los alcaldes en turno buscan la manera de no meterse en broncas sindicales y, al contrario, ya encarrerado el ratón, siguen en la inercia de meter a sus amigos y amigas para engrosar, a veces con la venia del líder sindical, la abultada nómina de burocracia inútil.

Ante tal panorama, se deben de buscar otras maneras de recaudación que le permitan operar a los ayuntamientos. En Baja California Sur, salvo Los Cabos, la crisis financiera es cosa común especialmente cuando no se tiene la experiencia política para actuar; el pasado mes de noviembre, por ejemplo, los diputados federales de Morena decidieron desaparecer el Fondo Minero que dotaba de recursos a los municipios de Mulegé y La Paz del orden de los 54 y 7.5 millones de pesos anuales. Sume, a lo anterior, que el gobierno federal pretende, como tiro de gracia, atraer a sus arcas el impuesto predial que actualmente cobran los municipios cuyos recursos se destinan al pago de bonos y prestaciones de fin de año de sus abultadas nóminas.

Ante esta precaria situación, nuevamente el alcalde de La Paz, él solito, arremete y apela a que se le pague al ayuntamiento el derecho de uso de suelo por parte de la CFE y Megacable solicitud que se incorporó al proyecto del presupuesto del 2020… a ver si pega.

Lamentablemente, la Constitución Política Mexicana, máximo órgano rector del país, señala que la solicitud de Rubén Muñoz y de decenas de alcaldes que pretenden cobrar uso de suelo a la CFE y las cableras, quedará en el tintero porque el Artículo 8vo transitorio y 3ro de la Ley de la Industria Eléctrica, señalan que la infraestructura eléctrica y la transmisión de la electricidad es de dominio público y estratégico y, por otro lado, la CFE ya le cobra a las cableras y empresas que así lo solicitan, el uso de sus postes a un costo de $78,32 por poste al año. En pocas palabras, se tendría que modificar la Constitución y la Ley de la Industria Eléctrica para acceder a una posibilidad de allegarse de recursos los ayuntamientos solicitantes lo cual, no será posible a menos en el largo plazo.

La necesidad de recaudación del alcalde paceño no ha sido consciente de la realidad. Existen muchas opciones para impulsar la recaudación, pero si no se empieza a trabajar en la burocracia que ahoga las finanzas municipales, pocas esperanzas se tienen para que el dinero alcance y con ello los ayuntamientos cumplan con sus obligaciones y no es cobrando más o creando nuevos impuestos como se logra la eficiencia municipal.

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