La Arenga


Por Juan Carlos Méndez Ramírez

DRA: Nueva Ley de Videovigilancia para BCS


La Diputada Daniela Rubio Avilés, presidenta de la Comisión de Seguridad Pública del Congreso del Estado, propuso al pleno de esa asamblea legislativa una nueva Ley de Videovigilancia para Baja California Sur la cuál abroga la vigente sobre la misma materia, porque se busca modernizar ese marco jurídico y volverlo más funcional para los fines de la seguridad ciudadana.

Esta nueva Ley de Videovigilancia, garantizará la confidencialidad, integridad, seguridad en su manejo y utilidad de la información que los sistemas de videovigilancia generen, ya fueran estos los operados por las instituciones de seguridad pública, instituciones educativas y de salud, los particulares, las empresas mercantiles, y las empresas de seguridad privada.

Esta nueva normativa sobre los sistemas de videovigilancia obligará a los desarrolladores inmobiliarios a la instalación de sistemas de videovigilancia en los conjuntos habitacionales que ya estén construidos y los que estén por construirse, los cuales estarán interconectados con el C4, además contempla la creación de un registro estatal de videovigilancia que abarcará los sistemas de videovigilancia públicos y privados.

En esta nueva norma legal, la información captada y grabada por los sistemas de videovigilancia deberá ser almacenada al menos durante 60 días naturales, esta información no podrá ocultarse, alterarse o destruirse, bajo la pena de caer en los delitos de “Acceso Ilícito a Sistemas de Videovigilancia” o de “Uso Indebido de Sistemas de Videovigilancia”, tipos penales que serán incluidos en el catálogo de delitos contemplados en el Código Penal del Estado.

Esta propuesta de la Diputada Daniela Rubio es mucho más integral en su visión regulatoria de los sistemas de videovigilancia, al incluir también reformas al Código Penal y a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública; y darle garantías a la ciudadanía para el acceso, rectificación, cancelación u oposición al tratamiento de la información cuando el ciudadano aparezca en una grabación controvertida, dado que dicha información videograbada será considerada como medio de prueba en investigaciones penales, procesos judiciales, o administrativos.

Sin duda se anota otro diez la legisladora humanista al presentar esta iniciativa, dada su utilidad pública, su funcionalidad para la seguridad pública, y nuevas garantías para los sudcalifornianos.

Con ello Daniela Viviana ratifica su compromiso con las comisiones que preside y al mismo tiempo, demuestra su interés y preocupación por los ciudadanos todos, algo que le distingue de los políticos tradicionales que solo buscan salir en la foto para presumir que están cumpliendo.

A este paso la legisladora va despuntando por su creciente trabajo y no lo dude estará en las ternas de las casas encuestadoras y desde luego de su partido el Humanista, como una propuesta de representación ciudadana para cualquier otra responsabilidad y alto honor de servirle a sus conciudadanos… Y si no, al tiempo.

PARLAMENTOS
Ahora que la 4T está desmantelando todo lo referente al sector turismo, comenzando por el Consejo de Promoción Turística, el papel de Luis Araiza como firme candidato a dirigir la Asociación de Secretarios de Turismo de México (Asetur), toma mayor relevancia. Y es que se acaba de anunciar que a la secretaría del ramo a nivel nacional también le echarán tijera a su presupuesto, por lo que la esperanza de la promoción de todos los destinos turísticos de México en el exterior, recae en el funcionario sudcaliforniano. Aquí Luis Humberto Araiza López, podría poner en operación los programas de promoción tan exitosos que ha tenido BCS que, por el municipio de Los Cabos ya tiene operando una oficina en California EEUU, con la aportación de los empresarios. Esto es que un esquema de mezcla de recursos de estados turísticos como los empresarios del sector, puede amortiguar en parte el duro golpe del gobierno de López Obrador hacia una de las áreas que más divisas genera a nuestro país. Araiza ahora está en los ojos de todo México. ¡Aunque lo duden!

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Y en su primer gran logro como integrante de la comisión, el senador Ricardo Velázquez Meza anuncia a los cuatro metros que el foro para las modificaciones a la Ley Agraria se va a realizar, no en Comondú, ni en el Valle de Vizcaíno… ¡Será en Los Cabos! Y uno se pregunta la razón de esta decisión. He consultado y me dicen que es por la conectividad y porque hay salón con micrófono. No será entre semana, sino que será de fin de semana. ¡Nunca piensen que es para que los senadores y asesores aprovechen para vacacionar en ese resort de clase mundial! ¡No, jamás! Lo importante es que hay mucho qué aportar en Baja California Sur, donde como siempre la federación nos ha quedado mucho a deber, pues también se están anunciando recortes drásticos a procuradurías y tribunales agrarios, que de por sí ya funcionaban de manera deficiente. También es importante que ahí mismo se pueda reclamar la razón por la que están suspendiendo apoyos tan básicos como la energía eléctrica a productores, combustibles, cercos, obras hidráulicas menores, programa de sementales, atención veterinaria, en fin, toda una serie de recortes que están dejando a SEGALMEX (antes SAGARPA) como una oficina meramente decorativa, donde además también viene otro recorte de personal. Senador Ricardo Velázquez, Mulegé sigue confiando mucho en usted, pero no piense que así será siempre, porque al momento sus resupuestas han sido poco convincentes, tanto así que ni siquiera le dan para candidatearse a subdelegado de San Bruno.

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Hoy el Procurador de Justicia hizo un importante anuncio, al dar a conocer que se ha capturado al autor intelectual del homicidio del periodista Rafael Murúa, que fue últimado a tiros en Santa Rosalía en el mes de enero. También en otras noticias relacionadas a los medios de masivos, hoy también se ha revisado de parte de destacados reporteros, la que será la Ley de Comunicación Social para Baja California Sur, que plantea los criterios para las relaciones comerciales institucionales entre las empresas periodísticas y las instituciones gubernamentales. Esta que también le conocen como “Ley Chayote”, busca que los recursos que invierte el sector oficial en campañas publicitarias sean bien aplicados y sujetos a una revisión estricta muy transparente, a fin de que no exista derroche. Que las empresas periodísticas sean profesionales, de trayectoria, penetración, con audiencia comprobable, a fin de que los contratos publicitarios estén mejor orientados, tanto para la capital sudcaliforniana como en los municipios. Aunque no muchos pueden estar de acuerdo, pero también debemos entender que ¡ya son otros tiempos! y, los recursos, deben de manejarse en caja de cristal.

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