La Fracción Parlamentaria del Partido Encuentro Social en el Congreso del Estado presentó iniciativa para crear en la entidad la Ley de Comunicación Social como parte del mandato que establece la Ley General en la materia aprobada por el Congreso de la Unión recientemente.

La iniciativa a la que le dio lectura la Diputada Perla Guadalupe Flores Leyva establece como objetivo “el de garantizar que el gasto en Comunicación Social cumpla con los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez y respete los topes presupuestales y los límites y condiciones de ejercicio que establezcan los presupuestos de egresos respectivos, de los poderes públicos, los órganos institucionales autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública, los municipios y cualquier ente público”.

Destaca la iniciativa agendada en el orden del día de este jueves que la importancia de una normatividad como la que se presenta para su trámite legislativo “radica fundamentalmente en la obligatoriedad de contar con esta Ley que impone la propia Ley General, “además de que en la misma se establecen parámetros que deberán cumplir las campañas de Comunicación Social; contiene los principios rectores que deberán observar los entes públicos en materia de Comunicación Social, dentro de los que se destaca la eficiencia en el uso de los recursos públicos destinados a contratos o gastos de Comunicación”.

Este proyecto de Decreto establece lo relativo a la vigilancia y control de la contratación de la Comunicación Social en el que entre otras cosas se precisa que las dependencias y entidades de la Administración Pública deberán informar de las erogaciones referidas al gasto en la materia de comunicación a la Contraloría General.

Precisa el contenido de la iniciativa las infracciones que se pudieran presentar por parte de los entes públicos como es difundir campañas de comunjcación social violatorias a los principios rectores que deberán observar los orgános gubernamentales.

Como lo señala la Ley General, las entidades federativas del país deberán de tener armonizada esta legislación antes del 1 de enero del año entrante de 2019.