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BCS Coherente sobre la polémica LEY DE BIODIVERSIDAD


La madre tierra es única, irremplazable. Hasta la fecha, no existe ser humano que pueda vivir fuera de la Tierra, mientras no se realicen viajes espaciales para colonizar y explotar recursos de otros planetas, debemos tener como prioridad el cuidado del nuestro. Sabemos que es necesario aprovechar los recursos naturales para la existencia diaria del ser humano, pero ese aprovechamiento debe de ser siempre de forma responsable y sustentable.

Esta semana, hemos sido testigos del poco interés que tienen nuestros legisladores actuales, en cualquier orden de gobierno, a la preservación de nuestros recursos naturales; y ambas acciones alterarán la vida de las personas sudcalifornianas, pues Baja California Sur es por excelencia una fuente de biodiversidad y de recursos aprovechables por la industria humana.

Por un lado, nos encontramos con una Ley General de Biodiversidad que fue aprobada de forma ilegal y sin consultar a la sociedad civil experta en el tema, y por otro lado, un Plan de Desarrollo Urbano aprobado por el Cabildo del Municipio de La Paz del cual no se han dado a conocer sus modificaciones. Se evitó a toda costa que fuera consultado por activistas, con datos falsos y que abre la puerta a minerías contra las cuales han luchado las personas sudcalifornianas.

Nada positivo puede obtenerse de aprobar leyes en la opacidad, pues pueden incluir medidas que en nada beneficiarán a las personas y solo cumplir con compromisos políticos. Mientras no exista plena confianza y coherencia de los legisladores y de las autoridades encargadas de la protección del medio ambiente, mientras no tengamos actos concretos de compromiso con el planeta Tierra, no podemos permitir que burócratas y partidos que se dicen ecologistas pero en los actos no los son, sigan disponiendo y manejando los recursos naturales.

La explotación de recursos naturales debe ser hecha dentro de un marco legal justo, transparente, construido desde la sociedad civil y, sobre todo, donde las comunidades que viven en las zonas que pretenden ser explotadas sean las primeras que tengan voz y voto, sometiendo a consulta ciudadana del estado o del municipio cualquier proyecto minero o de desarrollo industrial que utilice los recursos naturales cercanos a ellos y dejar a la votación directa de la ciudadanía el permitir o no su instalación. Las decisiones no pueden ser tomadas desde el centro, deben ser locales, pues las consecuencias serán locales.

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