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Transparencia en los recursos que se utilizan para atender emergencias por desastres naturales


El senador Juan Alejandro Fernández Sánchez Navarro presentó una iniciativa de reformas a la Ley General de Protección Civil, con el fin de fortalecer los mecanismos de transparencia en el manejo de los donativos, en dinero o especie, que se entreguen para hacer frente a las emergencias y fenómenos naturales en nuestro país.

El senador por Baja California Sur señaló que no existe un mecanismo u órgano encargado de analizar la efectiva distribución de los donativos al momento en que se ejercen, sino que esto se hace después de ser distribuidos y mediante el análisis de los informes que se presentan ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la que determina irregularidades en su manejo.

Fernández Sánchez Navarro lamentó que se hayan descubierto irregularidades en el reparto de víveres y demás artículos donados por los sismos de septiembre de 2017, situación que ha incrementado la desconfianza de la ciudadanía hacia las autoridades.

“Esto ocasiona un verdadero problema de transparencia y corrupción en lo que debería de ser una acción coordinada y solidaria por parte de la administración federal y local”, aseveró el legislador por Acción Nacional.

La sociedad civil juega un papel fundamental en la construcción de una sociedad democrática, dijo, por lo que es necesario reformar la Ley General de Protección Civil para garantizar la existencia de un órgano dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, que vigile de forma constante el control y ejercicio de los recursos que se otorguen a través de los diversos Instrumentos Financieros de Gestión de Riesgo.

Además, deberá tener facultades para conocer de las actividades que se implementen en el sistema de donaciones de carácter nacional e internacional, para que quienes ejerzan funciones de recepción, administración, control y distribución de los recursos que se obtengan por concepto de donaciones, lo hagan directamente en apoyo de las diversas necesidades de la población y de forma transparente, evitando que exista corrupción en el manejo de dichos recursos.

Con este propósito, la iniciativa busca reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de Protección Civil, para crear un Comité de Vigilancia dentro del Sistema Nacional de Protección Civil, que sea el responsable de verificar el manejo responsable y transparente de las donaciones otorgadas para atender emergencias y desastres naturales, y que tenga la posibilidad de llevar a cabo auditorías y fiscalizar a las donatarias autorizadas para recibir donativos por conceptos de emergencia o desastres naturales.

Este Comité, especificó, se integrará por cinco miembros, tres de ellos de la sociedad civil; además, habrá un integrante por parte de la Auditoría Superior de la Federación y uno de la propia Coordinación Nacional, asegurando que dentro de éste existan elementos de las instancias especializadas a nivel financiero y de protección civil del país.

Detalló que la distribución de los recursos deberá hacerse expresamente por las autoridades centrales en materia de protección civil, tomando en cuenta cuatro criterios de distribución:

Urgencia: requieren de una atención inmediata impostergable, referida a la preservación de la vida y la salud;
Necesidad: atendidas la urgencia de la emergencia o desastre, se enfoca en satisfacer las necesidades mínimas para la subsistencia de la población, así como a la implementación de medidas de prevención;
Desventaja social: tomando en cuenta la situación socio-económica de las personas afectados se priorizara aquellas personas que se encuentren en un nivel de pobreza o extrema, Pobreza y vulnerabilidad: teniendo un análisis real de la situación derivada de la emergencia o del desastre, se toma en cuenta el nivel de desprotección e inseguridad habitacional, laboral, económica y de subsistencia y generación de oportunidades en general para superar su estado de afectación.

Asimismo, añadió, es necesario aumentar los criterios que tienden a dirigir las actividades de las donatarias a las necesidades primarias, para evitar que la crisis derivada de la emergencia o desastre se agrave e, incluso, les dé la oportunidad de emprender las acciones para recuperar sus trabajos, bienes y estabilidad tanto física como emocional.

“Consideramos prudente que la actividad de los encargados de la protección civil o de las donatarias se regule a través del Comité de Vigilancia, con la presentación periódica de informes en donde se detalle desde el momento de recepción hasta el de distribución final de los recursos, con el propósito de llevar un control transparente y tendiente a la rendición de cuentas de quienes manejan dichos donativos”, expuso.

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