Ayuda profesional a jóvenes que son víctimas o que han cometido delitos


La Diputada Norma Peña Rodríguez presentó una iniciativa con proyecto de decreto con el objetivo de contribuir al establecimiento de un marco jurídico para la juventud sudcaliforniana, planteando así una reforma y adición a los artículos 16 y 17 de la Ley de la Juventud para el Estado de Baja California Sur.

La reforma tiene que ver con los derechos de los jóvenes ya sea en su papel de víctimas o en su caso victimarios de otros jóvenes o bien de personas adultas, ya que hasta el momento la legislación de la juventud sudcaliforniana prevé de manera laxa algunos derechos para los jóvenes que tiene que ver con la administración de justicia.

En ese sentido la Diputada Norma Peña planteo que se adicione un segundo párrafo al artículo 16 de la Ley antes citada el cual establecería que, “los jóvenes tienen el derecho de acceder a la justicia por medio de los tribunales instaurados para tal fin, contando con la garantía de audiencia que le permite formular su denuncia o defensa, asegurando el desahogo de todas las etapas del debido proceso.”

“Para ese efecto, ya sea en su carácter de víctima del delito o en su caso se le atribuya la comisión de una conducta delictiva, deberán contar con ayuda profesional de manera continua hasta que ya no se requiera más.”

De igual forma la iniciativa plantea también que se adicionen los párrafos segundo, tercero y cuarto al artículo 17 los cuales establecerían que, “a los jóvenes que se les atribuya la comisión de una conducta ilícita, deberán recibir un trato justo, digno y humano, tomando en cuenta su condición juvenil y la aplicación estricta de la legislación específica para su edad.”

“Deberán utilizarse procedimientos adaptados a los adolescentes y jóvenes, incluidas salas de entrevistas destinadas especialmente para ellos. Salas de audiencias modificadas teniendo en cuenta los recesos durante los testimonios de los jóvenes, dichas audiencias deberán programarse para horas apropiadas para su edad y madurez.”

“En general, otras medidas que eviten el daño y que aseguren sus derechos de recibir asesoría jurídica, atención médica y psicológica, a que se repare el daño y se resguarde su identidad y otros datos personales”.

La Legisladora local Norma Peña hizo énfasis en que los procedimientos penales para menores deben ser garantistas en la norma de procedimientos adaptados a los adolescentes a su madurez biopsicosocial con el objetivo de evitar mayores daños y de asegurar el ejercicio de sus derechos de recibir asesoría jurídica, médica y psicológica, así mismo a que se le repare el daño y se resguarde su identidad y datos personales.

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