Mare Nostrum XLI


Por Jorge Ledesma

Nada ayuda a la maltrecha imagen del gobierno federal las tranzas del exdirector de la CONAGUA, David Korenfeld. Los gobernadores enfermedad terminal del Sistema. Malova, Padrés, Vega y Covarrubias, casos clínicos en el noroeste. Leonel Cota se apodera del proyecto López Obrador en BCS.

 

Un nuevo escándalo en materia de macro corrupción se incuba en el desprestigiado gobierno federal. Se trata de los grandes negocios personales que sigue haciendo en la Comisión Nacional del agua (CONAGUA), su exdirector David Korenfeld Federmann, con el otorgamiento de concesiones irregulares. De acuerdo al contenido de la siempre acertada columna Cicuta que publica el periodista bajacaliforniano, Jaime Flores Martínez, luego de ser despedido (abril del 2015) de la Conagua por su amigo Peña Nieto con motivo del uso obsesivo de un helicóptero oficial para el uso familiar, David Korenfeld, cambio su residencia a San Diego California, en donde recibe los fines de semana al delgado de la Conagua en BC, Alejandro Cervantes Beltrán. El también comentarista en un programa de radio, cuestiona duramente la reciente entrega de una concesión para la explotación anual de 10 millones 300 mil metros cúbicos de agua, al desconocido ciudadano supuestamente radicado en Mexicali, Ángel López Quevedo, y afortunado individuo (podría ser prestanombres) a quien la venta o traspaso del agua concesionada- a extraerse de un canal superficial le representará un ingreso al año de 5 millones de dólares, ya que puede comercializarla legalmente.

Este tipo de tranzotas, las hace Korenfeld, heredando la Conagua, a su incondicional Roberto Ramírez de la Parra, quien le autoriza el quita y pon de funcionaros de CONAGUA, en todos los estados de la república, utilizando para ello, los servicios de otro jefe de la dependencia en BC, de nombre Alejandro Gonzales Guilbot, quien viaja constantemente a la ciudad de México para acordar con Ramírez de la Parra, los movimientos ordenados por Korenfeld. Gonzales Guilbot resulta ser un personaje muy conocido en Baja norte, al despachar por más de un año como administrador de la Aduana en Tijuana y de la millonaria concesión en cita, el columnista Jaime Flores asevera tener copia del oficio de autorización firmado por Elisa Pérez Portillo, en carácter de directora de administración del agua del organismo Cuenca Península de Baja California.

Por el otorgamiento irregular, de los derechos de explotación de los 10.3 millones de M3 de agua, un grupo de ejidatarios mexicalenses (Cicuta- 9/05/17) interpuso el 3 de abril del 2017 una demanda ante la PGR, en contra del beneficiario de la concesión, Ángel López Quevedo y 5 funcionarios de la Conagua, que incluyen a los mencionados Ramírez de la Parra y Cervantes Beltrán. En la parte sur de ese cuerpo insular, despacha en La Paz, como director de la CONAGUA, desde hace más de un año, el ingeniero Luis Alfonso Martínez Plata, que nunca está en la oficina por encontrarse de viaje, ya sea a Mexicali o a la capital del país, demorando por meses la resolución de los diversos trámites gestionados ante la dependencia por unos usuarios- alguno de edad avanzada- que provenientes de todo el estado, acuden sin éxito a tratar de entrevistarse con el director para preguntarle directamente que pasa con sus solicitudes, por ejemplo, de prorrogas de concesión, regresándose desolados a sus lugares de origen, gastados en sus escasos recursos y sin lograr hablar con el fantasmal individuo.

Los gobernadores un grave lastre nacional
El Presidencialismo fuerte conocido coloquialmente como El Sistema, que prevaleció hasta el gobierno de Zedillo, aun con sus excesos criminales hacia la oposición política-social y otros pecados, tenía como practica histórica de auto limpieza, el encarcelamiento y/o expulsión del poder de aquellos servidores públicos que generaban escándalos de corrupción, por decirlo así, exagerados; y sobre todo en su mejor cara, El Sistema había dado paso a una meritocracia que hacía llegar a los mandos medios de gobierno a gente capacitada. Situación progresista que se reflejaba por ejemplo en las estructuras del gobierno federal en los estados, existiendo en primera instancia la Planeación en la ejecución de obras-acciones, y delegados o representantes del gobierno del centro en las entidades estatales, con capacidad técnica y vocación de servicio en su generalidad. De alguna manera en los Estados y Municipios, también operaba la meritocracia y los funcionarios desempeñaban su trabajo de manera decente, existiendo mínima pulcritud en el ejercicio del gasto por la existencia de contrapesos legales y morales, efectivos. De tal suerte, que el combate a la corrupción que supuestamente se avecinaba, era presentado en sociedad por el nuevo presidente de la Republica, con la aprehensión de gobernadores y peces gordos del gobierno federal; método no exento, hay que decirlo, de venganzas políticas. Estos ejemplos correctivos se acabaron con la llegada de Fox a la presidencia de México, de cuyo régimen destructivo el pueblo conoce bastante.

El nuevo modus presidencial impuesta por del dúo Fox-Sahagún de procurar la estabilidad política nacional, a través del saqueo del patrimonio público en concatenación con los gobernadores, forjó en 2 sexenios federales panistas, a Los Duarte, Yarrington, Padrés, Gracos Ramírez, Covarrubias, Morenos Valles etc. Contexto socialmente desolador en que encajan ad-hoc, las lamentables expresiones del presidente Peña, emitidas durante actos organizados por su equipo de prensa en busca de mejorar su alicaída imagen. Como fue el caso de un encuentro con jóvenes el 1 de septiembre del 2016 en Palacio Nacional, con motivo del IV informe presidencial (El Sabueso- Sin Embargo- 06/09/16) y evento, en que dando respuesta a la pregunta (de las redes), “si va a meter a la cárcel a los gobernadores que han saqueado el erario público”, Peña Nieto respondería, “Cada gobernante es responsable de su propio actuar. No corresponde al presidente de la Republica decidir si procesa o no a un funcionario”. Elocución por demás improcedente, ya que la Procuraduría General de la Republica (PGR) depende del Poder Ejecutivo, cuya máxima autoridad es el presidente de México; deslinde que enseña un grave desconocimiento de la ley y de las responsabilidades que confiere el dirigir al país.

Misma tesitura absurda, que ha extrapolado cínicamente Felipe Calderón en los actos políticos de promoción a la candidatura presidencial de su cónyuge Margarita, cuando suelta, por ejemplo, que siendo presidente él informaba personalmente a los gobernadores, quienes eran los funcionarios estatales involucrados en el crimen organizado, para que actuaran y no lo hacían. En su periplo pro reelección, Calderón lo ha dicho similarmente en Veracruz (Javier Duarte), Michoacán (Fausto Vallejo) y Coahuila (Humberto Moreira), no obstante que los delitos a que aludía son del orden federal, y por tanto sujetos a investigación de la PGR; la Fiscalía General de la República que debe sustituir a la PGR en 2018, en términos de ley no dependerá del Poder Ejecutivo, pero hasta entonces el presidente de la República sigue siendo el máximo responsable de perseguir e investigar el delito federal. En el caso de Moreira el cinismo y desparpajo de Calderón es demencial, cuando fue en su gobierno vía PGR, el que lo exoneró de participar en el crimen organizado y resolución que esgrimida en carácter de prueba ante la fiscalía española, lo saco de la cárcel, huyendo inmediatamente a México.

En materia de ejecución del gasto público y vinculado con la perversa promoción- desde arriba- a la inmensa corrupción de los gobiernos estatales, se encuentra la autorización que el entonces presidente Calderón, otorgó “haiga sido como haiga sido”, para que los recursos (participaciones federales y otros) enviados por la SHCP para indistintas obras públicas y acciones de beneficio, fuera concentrados irregularmente en una sola cuenta bancaria por los gobiernos estatales, que permite a estos ocultar- temporalmente al menos -, los desvíos de las transferencias recibidas así como la mala planeación y ejecución de las obras, tapando los huecos en los presupuestos de unas con los dineros de otras, haciendo un cochinero que finalmente redunda en proyectos malhechos e inconclusos por doquier. La transformación de los gobernadores en virreyes, inducida por la pareja Fox-Sahagún- con el fin de super enriquecerse cómodamente-, vino aparejado con las facilidades perversas que otorgó la SHCP, para que los gobiernos estatales se endeudaran irresponsablemente, cosa que hasta el gobierno de Zedillo estaba controlada en materia de endeudamiento avalado con participaciones federales, donde los estados no podían incrementarlo sin la autorización oficial de la SHCP, ni más allá del periodo de duración de la administración receptora de los créditos bancarios.

Depredación neoliberal extrema
En este nuevo esquema de depredación atroz de fondos gubernamentales, sobresalen [aparte de funcionarios y empresariado corrupto] por ejemplo, dos grandes beneficiarios neoliberales: Por un lado, el exsecretario de Hacienda salinista, Pedro Aspe Armella que al término del sexenio de su líder, fundo la consultoría Protego, iniciando acercamientos con los gobiernos estatales y los municipales para tramitarles voluminosos e innecesarios créditos bancarios, los cuales años después en proceso de impagables, el mismo Aspe renegociaría cobrando sumas millonarias por la prestación de los servicios de asesoría. Así, las facturaciones de Protego cobrados a estados-municipios, pasaron de cientos de miles a decenas de millones de pesos. Por otra parte, el principal ente beneficiado con la contratación de los créditos gestionados por la consultora de Pedro Aspe, ha sido BANCO INTERACCIONES propiedad de la familia del fallecido político mexiquense Carlos Hank, y ente que concentra el 15.29% de la cartera de crédito gubernamental ( Arturo Rodríguez- Proceso- 26/05/17), proveniente de refinanciar a múltiples estados de la Republica con crecimiento exponencial en su deuda, como Coahuila al que solo Interacciones acredita una deuda mayor a los 32 mil millones de pesos. La fortuna personal de Carlos Hank junior crecería a mil 900 millones de dólares en los primeros 4 años del gobierno federal actual. De acuerdo al reportaje de Arturo Rodríguez publicado en Proceso- del cual se tomó nota- el banquero expondría en un evento (06/11-14) con el presidente y en defensa del endeudamiento de las entidades públicas, qué los créditos entregados por su banco a estados y municipios habían crecido en 10 años, 17 veces “lo que representaba haber prestado a gobiernos la cantidad de 61 mil millones de pesos”.

Pedro Aspe por su parte, amplió fulgurantemente su participación en los negocios derivados del despojo a los recursos naturales del país, y el sector energético encabezado por PEMEX es su botín principal, creando para ello el fondo de inversión trasnacional Evercore Casa de Bolsa, con el cual pasó a establecerse de la mano del “jefe de jefes” (el expresidente Salinas) de las mafias en el poder, en jugador de grandes ligas en el ámbito de los servicios financieros México- USA. Pedro Aspe, ha intervenido en la contratación- refinanciamiento de créditos por miles de millones, en Veracruz, Puebla, Chihuahua y por supuesto en el Estado de México, donde impuso a su alumno Luis Videgaray en la secretaria de Finanzas durante el periodo que fue gobernador Enrique Peña Nieto. Al arribo de este a la presidencia y Videgaray a la SHCP, Aspe emergió automáticamente como uno de los hombres más poderosos del país, por su potencial infinito en la consumación de grandes negocios ligados a fondos públicos.

El trato de cómplice obsequiado por Fox a los gobernadores, y los enormes recursos enviados a los estados derivados de la jauja petrolera, facilitó a los nuevos virreyes imponer regidores, alcaldes, y legisladores estales, pasando a controlar absolutamente a su partido político de origen y a los de “oposición”. Nueva relación de sujeción política, que dio pie a que los cabildos en los Ayuntamientos y los diputados en los Congresos estatales votaran por todo financiamiento que les fuera propuesto. Igualmente, el absolutismo forjado, hizo que los ejecutivos estatales impusieran diputados federales y senadores, que luego obedeciendo sus órdenes votaran cuanta ley abusiva contra la población se enviase de la Presidencia de la Republica, en postura de los gobernadores encaminada a obtener crecientes recursos federales que depredar, y contexto general que finalmente permitió a la presidencia de Peña Nieto imponer las “reformas estructurales” ordenadas por Washington; en una cadena de corrupción legislativa Estados- Federación, operada a través del imprescindible soborno o moche. El estar demostrado que las modificaciones constitucionales, base de las reformas, fueron autorizadas por medio del cohecho, este se vuelve el mejor argumento que puede encontrar el gobierno federal- que iniciará el 2018-, para echarlas abajo; particularmente, la energética la hacendaria y la de justicia penal, no sirven más que para provocar el caos social y la transferencia de recursos hacia el gran capital y sus allegados envestidos de funcionarios de gobierno, garantizando las inocuidades del nuevo marco legal, la impunidad de ambos.

En materia de contratación de servidores públicos, el perfil profesional requerido para ocupar los cargos fue dejado totalmente de lado, al necesitar el nuevo modus de gobernar impuesto por la parejita de cuenta, Fox-Sahagún, solo compinches en las posiciones de gobierno federal. Lo mismo sucedió en las entidades estales-municipales, degenerando la calidad de la administración pública a niveles ínfimos, con abusivos incrementos en el personal contratado, cuyos motivos de incorporación a la nómina a partir de la “alternancia” política, han obedecido estrictamente a parentesco, amistad, compensaciones sexuales, y recomendaciones de los dueños del poder. Situación que llevada a los espacios laborales de dirección, han producido tanto en el gobierno federal como en los estatales- municipales, administraciones de pésimos resultados, pululando el maltrato verbal a la comunidad demandante de atención gubernamental.

Cabe mencionar que la generalidad de los 3 niveles de gobierno, por instrucciones de los tenedores de las narco-plazas, otorgan a operadores de los carteles puestos de trabajo en las áreas policiacas y de administración de justicia. Canonjías que se extienden al otorgamiento de contratos de obra pública que les facilita el lavado de dinero proveniente de actividades criminales. El gobierno tamaulipeco de Tomas Yarrington, por ejemplo, está comprobado que lavaba efectivo del narco en la Comisión Estatal de Agua Potable, al igual que en la obra pública, donde el principal intermediario, lo fue el multimillonario constructor Fernando Cano Martínez (Ricardo Ravelo- el Universal 27/11/16), y los nexos con el crimen organizado los tenían de acuerdo con testigos protegidos en USA y México, con Oziel Cárdenas del cartel del Golfo y a la detención de este, con los hermanos Miguel y Omar Treviño, quienes comandaban a los Zetas.

Los cuatro gobernadores del noroeste
El noroeste de México lo conforman geográficamente los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California y Baja California Sur. En los años 2013, 2014 y 2015, coincidieron 4 gobernadores en la zona de análisis y todos egresados del Partido Acción Nacional (PAN: Mario López Valdez por Sinaloa, Guillermo Padres en Sonora, Francisco Vega que aun representa a Baja norte y Marcos Covarrubias él irredento pro-narco, en BCS. Tres años en los cuales convergieron el absolutismo, el saqueo vil e indiscriminado de los recursos públicos, la ineptitud y el cinismo de los altos funcionarios, la corrupción policiaca a tope y un reinado del crimen impuesto a base del terror y la complicidad gubernamental. De estos 4 gobernadores se explicarán algo de sus excentricidades megacorruptas y abusivas de poder. Mario López Valdez (MALOVA) un empresario expriista que ganó las elecciones en 2010, en virtud del clásico descontento popular con el gobierno saliente, fue apoyado en campaña por una iniciativa privada- siempre sospechosa de lavar dinero del narco- que encabezaba al que siempre ha llamado su padrino empresarial, Leonardo Félix, y quien se hizo de intereses en BCS apropiándose en el sexenio del exgobernador Víctor Liceaga (1987-1993) de un antiguo relleno costero llamado Palmira, el cual fue realizado en La Paz con inversión del gobierno federal.

En dicho sitio, con dinero del Fondo (estatal) Impulsor del Desarrollo y descapitalizándolo absolutamente, se realizaron las obras de una marina que luego fueran cuasi regaladas por Liceaga a Leonardo Félix y quien construiría en la amplia superficie del predio, un hotel. La amistad de ambos personajes estuvo matizada por el tema narcotráfico, y 2 hermanos (Agustín y Rene) del exgobernador Liceaga, fueron detenidos por la PGR en el transcurso de su sexenio por complicidad en el contrabando de cocaína, luego de ser incautada en La Paz, una bodega (fraccionamiento Bellavista) con 4 toneladas del enervante. Liceaga se salvó de la destitución y de la cárcel por su buena relación con Raúl Salinas de Gortari, cuyo hermano era el presidente de la Republica.

Los resultados del gobierno de López Valdez (2010-2016), fueron muy malos y su administración cometió fraudes al erario por miles de millones de pesos, afectando principalmente al sector salud, y área donde el gobierno federal le finca actualmente responsabilidades- que seguramente no llegaran a nada en el México impune, quedando solo como muestra vil de bandidaje. De Malova se recuerda un perfil clásico en los enfermos de poder, denotada en su comportamiento mediático, por ejemplo, en el caso del homicidio (enero de 2011) no aclarado del exdirector de gobierno de Sinaloa, Luis Pérez Hernández, quien se incorporó en la campaña a la gubernatura de López Valdez, como el operador del trabajo sucio y ámbito en el que Pérez era probado experto. Luego del triunfo de López en 2010, éste inexplicablemente no obsequió cargo algo alguno a su hombre de inteligencia, filtrando medios de información la creciente presión que Pérez realizaba sobre el flamante gobernador para que lo compensara con un puesto en la administración estatal, amenazando con divulgar información que lo dañaría socialmente. El mismo día que fue asesinado el citado exfuncionario, el entonces gobernador se pavonearía en un juego de beisbol de la Liga Mexicana del Pacifico celebrado en Culiacán, tomándose fotos muy quitado de la pena comiendo tacos en el estadio, e imágenes difundidas subliminalmente a manera de mensaje a los adversarios.

Como un reflejo de la personalidad clínica del exgobernador MALOVA, puede también considerarse el entorno de la ejecución artera (11- oct 2014) del líder agrario y locutor del programa Aquí es mi tierra, Atilano Román, quien fue asesinado en Mazatlán por 2 sicarios que entraron por la fuerza a la cabina de radio en el momento que transmitía a la audiencia. La Cadena Univisión publicaría (13/11/2014) de su caso: [Román era la cabeza de un movimiento de desplazados por la construcción de la presa Picachos en Culiacán. En 2012 había organizado una marcha ante la inconformidad de la edificación de la presa donde varios manifestantes fueron detenidos por elementos ministeriales. De acuerdo a testigos una bala le pegó en la cara. Los radioescuchas solo escucharon los gritos de “lo mataron lo mataron” por parte de otros 3 conductores que se encontraban en la cabina… Román había denunciado el constante desvió de dinero federal enviado para los habitantes y había recibido numerosas amenazas…]. La analogía del caso Luis Pérez con el tema del líder agrario y periodista, consiste en- si bien se recuerda-, que MALOVA en ese inter presidia eventos con representativos del gran capital, lo que perfiló al momento de los hechos, el patrón exhibicionista de un poder capaz de ordenar asesinatos; así lo registró al momento de conocerse los hechos, el analista.

Malova y Javier Valdez
La intención de diagnosticar de criminal el comportamiento del exgobernador de Sinaloa, conlleva la finalidad de plantear la hipótesis relativa, a que el móvil del reciente homicidio (mayo 2017) del destacado periodista y fundador del semanario de Rio Doce, Javier Valdez, provendría de la línea editorial del medio en contra de la desastrosa administración malovista, y denuncias bien fundamentadas, que definitivamente pueden coadyuvar a que el desagradable individuo pierda la libertad y su patrimonio económico; perspectiva que podría afectarlo psíquicamente toda vez de lo acontecido con el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte, y su vecino-colega de Sonora, Guillermo Padrés, ambos en la carcel. Vale recordar, que el director de otro importante medio regional, el diario Noroeste- fuerte crítico del gobierno de Malova -, Adrián López Ortiz, sufrió un atentado a inicios de abril del 2014, cuando viajaba en su automóvil después de regresar de la Ciudad de México en un vuelo comercial donde coincidió con el entonces gobernador Mario López Valdez. La prensa local difundió (xepl. com-abril-3-2014) que, “Las indagatorias señalan que el ataque fue planeado, debido a que uno de los vehículos obstruyó el paso del director y otro, le cerró el carril a las alturas de las vías del ferrocarril”. La agresión contra el director del Noroeste, fue ejecutada por 2 jóvenes a cara descubierta, los cuales lo amagaron con pistolas, ordenándole tirarse al piso, donde lo golpearon, concluyendo la agresión con un disparo en las piernas, el despojo de sus pertenencias personales, y del coche. La versión de represalia política al trabajo de informar, cundió ipso facto en el periodismo regional.

De ahí, que las investigaciones del homicidio de Javier Valdez, no deben remitirse solo a una posible venganza de los hijos del “Chapo Guzmán”, con motivo de publicar una entrevista con un enviado del grupo rival “Los Damasos”, como especulan cuasi uniformemente los medios, sería la causa del homicidio. Al respecto, no está demás mencionar, que Javier Valdez era un periodista muy respetado y tal vez hasta apreciado por la generalidad de la comunidad narca de Sinaloa, ya que su columna Mala Yerba, solo relataba vivencias supuestamente ocurridas en el ámbito, no identificando a los actores de la trama, convirtiéndose en un referente ameno y sin sesgo del folklore criminal sinaloense. De alguna manera el enfoque anterior, coincide con lo expresado por el diputado federal independiente Manuel Clouthier (Marcos Vizcarra- noroeste.com.mx 19/05/17) relativa a que, “Ve corrupción organizada en asesinato de Valdez”, y que, “Buscan el silencio de periodistas y sociedad civil a través del miedo”.

A los razonamientos del hijo del Maquio, el suscrito añadiría, que un posible detonante del acto asesino cometido contra el narrador de la vida en el narcotráfico, sería la amplia cobertura que medios como Rio Doce y el propio Noroeste han dado al reciente descubrimiento en un banco de Andorra España, de cuentas con valor de 16 millones de dólares pertenecientes a empresas fachada del ex tesorero por 10 años del gobierno de Sinaloa, Humberto Lara Arechiga; uno de los peces gordos del empresariado político estatal. Por ello, la investigación del caso Javier Valdez, no debe circunscribirse a Chapitos, Damasos o Mochomitos, sino que debe ampliarse, por ejemplo, al famoso “chuy toño” (exdirector de la policía ministerial de Malova de rudos antecedentes), para quien Malova en su último acto enfermizo del poder, consiguió del Congreso estatal un decreto especial mediante el cual se le adjudicó una pensión laboral de 49 mil 785 pesos mensuales.

Padrés enloqueció con el poder
Del actual presidario y ex gobernador de Sonora, Guillermo Padres, resaltan, actos abusivos de poder, como: a) la construcción ilegal de una presa en terrenos familiares que luego de conocerse la arbitrariedad, procedió a dinamitarla, contando para salir impune de la acción, con la complicidad de la CONAGUA y demás autoridades concernientes. b) represión a los líderes Yaquis opuestos a que les quiten el agua con que riegan sus cultivos, para abastecer el acueducto Independencia, cuyo proyecto pese a pasar por sus tierras, tampoco fueron consultados. Para doblegar a los Yaquis, desde el mismo gobierno de Padrés, se promovió la introducción al consumo de cristal o metanfetamina en la tribu, retomando el mismo método usado el siglo pasado, cuando los caciques político-militares, les proporcionaban alcohol para despojarlos de cientos de miles de hectáreas de riego de la mejor calidad. c) el DIF a cargo de la mujer de Padrés, operó sin los protocolos de ley, la adopción de centenas infantes, a cambio de muchos miles de dólares que se embolsaban los funcionarios, estallando el affaire luego de que madres de los niños denunciaron, que las adopciones se realizaban sin su consentimiento. d) en marzo del 2011, la empleada doméstica de la casa de gobierno, Gisela Peraza, fue detenida por el robo de una caja que contenía 450 mil pesos en billetes y una bolsa con joyas de la esposa (también debiera estar en la cárcel) del gobernador con valor de 150 mil pesos. Antes de su aprehensión formal, Peraza, estuvo encerrada bajo llave por 5 días con guardia en la puerta por órdenes del gobernador, causando la preocupación de la familia de la mucama ya que no sabían de ella y no contestaba su teléfono (se lo habían quitado). Cuando los padres de la sirvienta pudieron verla en prisión, observaron en ella signos de tortura física por haberla golpeado la policía estatal, afín se declarará culpable. La humilde muchacha estuvo presa por 4 años en un lugar distante a 400 Kms de la casa de su madre con quien vivía. y e) del lado imbécil y chusco de Padrés se tiene, el furor que le causó, que organizaciones sociales cuestionaran las donaciones, que hacía el gobierno estatal de sillas de plástico con valor de 50 pesos, las cuales mandó adaptar con rueditas, procediendo a entregarlas a los necesitados como sillas de ruedas. Similarmente a Padrés, el gobernador de BCS, Marcos Covarrubias, difundía en el inter, la adquisición de flamantes “ambulancias” compradas con dinero federal, las cuales eran simples pick-up con una caseta de fibra de vidrio, no contando las unidades en absoluto, con el equipamiento necesario para el auxilio médico.

Vega desgobierna con amigos pillastres
Por su parte Francisco Vega, Gobernador de BC, ha tomado una actitud de lo más frívola a la atención que reclama de su administración, la ciudadanía bajacaliforniana. Ocupando su tiempo en hacer crecer su fortuna personal, viajando constantemente al extranjero en compañía de la familia con gastos pagados del erario estatal. También es muy conocido, sus andanzas empresariales en BCS, a donde se traslada los fines de semana a supervisar un desarrollo turístico en costas del municipio de Los Cabos. Algo esperado de quien tenía como modo de vida, antes de volverse político, la inescrupulosa operación de casas de empeño. La administración de Vega ha estado plagada de escándalos con motivo de la abierta actividad empresarial de colaboradores marranos del nivel del secretario de Pesca y Acuacultura, Matías Arjona, que vende cautivamente equipamiento pesquero a beneficiarios de recursos federales y estatales; aprovechando el puesto también el gandul para apoderarse de las cuotas anuales de captura de atún, destinadas al abastecimiento de lucrativas granjas de engorda de las cual es propietario.

Otro ejemplo símil lo representa el caso del sandieguino Antonio Valladolid, quien fue el responsable inicial de la Secretaría de Planeación y Finanzas en el gobierno de Vega, e individuo siempre metido en problemas legales por su voracidad criminal. Valladolid en 2012, siendo delegado del Instituto Nacional de Inmigración (INM), se apoderó por la fuerza de terrenos en Tijuana, usando al personal del INM y policías locales para logar su cometido. Amigo cercano del gobernador Vega, el entonces secretario de Finanzas de BC, fue denunciado por empresarios en 2014, por cancelar la licitación de un contrato por 16 millones de pesos para la fabricación de placas de automóviles, que luego asignó directamente a un concursante que había cotizado más alto que la competencia, que incluso no figuraba en el padrón estatal de proveedores. Finalmente, Antonio Valladolid tuvo que renunciar en abril del 2017, al cargo más lucrativo del gobierno de BC, con motivo de su obvio involucramiento en una red de lavado de dinero en California por 10 millones de dólares, cuya investigación en USA, provoco la detención preventiva del regidor panista del municipio de Tijuana Luis Torres Santillán, un socio del exboxeador y mega empresario de origen sinaloense, Fernando “El Wary” Beltrán, y amigo cercano del gobernador Vega. Al ex pugilista, la administración estatal panista de BC, según las cuentas de medios locales, por intermedio (Zetatijuana.com2017/01/16) de la empresa PIASA, ha entregado contratos de obra por mil 838 millones de pesos. Fernando Beltrán fue favorecido con la concesión del ferrocarril Tijuana- Tecate. El gobierno USA, en el citado caso de lavado de dinero en contra de Luis Torres Santillán, procesa a una decena de involucrados, entre los que destaca Karla y Jorge Escalante, esposa e hijo respectivamente del ex líder de la organización patronal COPARMEX, Jorge Escalante Martínez, al igual que a otros miembros de la “hight society” tijuanense.

Covarrubias busca evadir la cárcel
Marcos Covarrubias Villaseñor llegó a gobernador de BCS en 2011, como resultado del desprecio del pueblo sudcaliforniano al candidato del PRD (entonces gobierno) Luis Armando Diaz. Antes Covarrubias había sido diputado federal por el PRD donde rompió récord de ausentismo (es holgazán de marca) y presidente Municipal de Comondú (2005-2008) por el mismo partido. En esta encomienda Covarrubias fortalecería relaciones con grupos del narcotráfico, traspasando la posesión de la “plaza”, a su sucesor en la alcaldía, quien perdió el control sobre el grupo delictivo y causó la primera época de terror que sufrió la ciudadanía en la historia regional. De nuevo, las familias comundeñas padecen una nueva ola de inseguridad pública, casualmente, cuando el ayuntamiento está en manos del sobrino del exgobernador en cuestión, Francisco Pelayo Covarrubias.

La administración estatal de Covarrubias, se caracterizó por una desmedida corrupción, que operó fuera de cargo su hermano, José Refugio “el cuco” Covarrubias, quien repartía la obra pública, recibiendo los “moches” por conducto de los funcionarios encargados de las licitaciones, y asignaciones directas de las obras. También al “cuco” Covarrubias, se le atribuye la propiedad bajo cuerdas- junto al ex oficial mayor Rafael Gallo- de una empresa que construyó alrededor de una centena de canchas deportivas con empastado artificial, que de un costo real de 4- 5 millones de pesos, se facturaron al doble. El sector salud, fue blanco mayor de la depredación de los 2 hermanos y una serie de hospitales y clínicas edificados a lo largo del estado, quedaron en meros cascarones, ya que el dinero para equipamiento y demás conceptos de inversión requeridos para su puesta en marcha, desaparecieron. Ocurriendo lo mismo, por ejemplo, con el Centro de Convenciones de Los Cabos, que, de una inversión inicial de 500 millones sufragada por el gobierno de Calderón, con el fin de ser inaugurado durante (octubre 2012) la celebración de la VII reunión del G-20. Dicha obra, bajo la responsabilidad del gobierno estatal, necesitó para su conclusión, 700 millones de pesos adicionales, y aún no ha sido terminada; los motivos dicen los enterados, porque del presupuesto inicial se desviaron la mayor de los recursos a los bolsillos de funcionarios del gobierno estatal y el federal, incluyendo a directivos de la decadente constructora ICA, la ejecutora de la obra.

El gobierno de Marcos Covarrubias tuvo el carácter de infame y una parte notoria de él, fue el desprecio que el “ejecutivo” en persona, obsequiaba a quienes osaban acercarse a plantearle peticiones de apoyo. Un periodista de la parte norte del estado (Felipe Zúñiga) relató en su momento, elocuentemente, la actitud despótica del exgobernador contra el pueblo mulegino, cuando en visitas a comunidades, enviaba por delante a sus guaruras, que prepotentemente y a empujones, impedían el acercamiento de personas que deseaban plantearle algún asunto. Al gobernador no le gusta escuchar problemas, decían los achichincles, si quieren solicitarle algo, tiene que ser pavimento o canchas (las sintéticas) deportivas. Empero, ni la megacorrupcion de su gobierno, ni el desprecio irradiado contra la comunidad, es lo que más odian los sudcalifornianos de la banda criminal que encabezaron (encabezan todavía) los susodichos hermanos Covarrubias; sino su participación en el escenario de muerte que causaron elementos de la policía estatal – cuyo comando real según crónicas y notas periodísticas recaía en gente de la entera confianza de Marcos Covarrubias-, con su traición al aparente dueño de la narco plaza en La Paz, emboscada con armas de fuego, que a la fecha ha causado medio millar de homicidios violentos en BCS. Situación extendida principalmente a Los Cabos, que ha generado el terror en la población y un creciente desprestigio turístico; la actividad que aporta no menos del 30 % del circulante estatal. De esta manera, Covarrubias, repitió el “numerito” de inseguridad y crimen dejado a su sucesor en la alcaldía de Comondú, heredando un marranero al actual gobernador Carlos Mendoza.

Actualmente Covarrubias, merced a su pertenencia al grupo político panista que controla el expresidente Calderón, busca desesperadamente una candidatura plurinominal al senado de la república, donde tendría fuero constitucional por 6 años, evadiendo así su probable encarcelamiento por una amplia gama de fraudes millonarios cometidos por su administración con recursos federales asignados a BCS. El 22 de junio del 2016 la Auditoria Superior de la federación (ASF) radicó en la PGR, doce denuncias penales por peculado (El Peninsular digital- Balconeando 02/11/16) contra el exgobernador de BCS, Marcos Alberto Covarrubias Villaseñor, por simular el reintegro de fondos por 88.3 millones de pesos durante los años 2011 y 2013, “El mecanismo de simulación consistía en depositar el dinero a una cuenta y notificar de ello a la autoridad. Sin embargo, una vez que la Auditoria Superior de la Federación daba por solventado el señalamiento, se retiraban los fondos y se les daba un destino desconocido”.

El otro exgobernador de BCS y López Obrador
En 1999, como consecuencia del mal gobierno priista que encabezó Guillermo Mercado y la banda chafa del exsecretario general, Antonio Ortega, ganó la gubernatura de BCS, el tránsfuga oportunista de ese partido, Leonel Cota Montaño (LCM), quien, aprovechando el nuevo método de dar estabilidad política al país, implementado por la pareja presidencial Fox- Sahagún, se convirtió ipso facto en un cacique despiadado. En aras de no extender aún más el texto presente, se anexan 4 documentos que dan fe de la personalidad abusiva y criminal del gobierno lionelista: 1) en diciembre de 1999 el entonces Embajador de USA en México, Jeffrey Davidow, envió un oficio al gobernador Cota Montaño, quejándose del secuestro que hizo el DIF estatal (la directora era la hermana Rosa Delia) de unos contenedores enviados por la asociación de retirados de la naval estadunidense, a las madres Carmelitas del Sagrado Corazón, con el fin de equipar el sanatorio del Perpetuo Socorro en la Paz BCS. Dicho envió de acuerdo a las leyes mexicanos deben ser recibidos por el DIF, y este a su vez debe entregarlo a los sujetos del donativo. Total, que Rosa Delia Cota Montaño, decidió sustraer el contenido de los contenedores en un puerto californiano diferente (San Pedro) a Long Beach (destino original) con el fin, de que, al momento de recoger los equipos, no estuvieran presentes ni los representantes de los donantes, ni los beneficiaros materiales. Procediendo la fulana a robarse lo mejor de lo enviado, entregando migajas a las religiosas, lo que generó el primer escándalo de la familia bandida, en el poder.

2) en agosto del 2003, Leonel Cota Montaño, abusando de la severa crisis económica (causada por LCM al negarle la tradicional publicidad estatal) de la propietaria del Centro de Radio y Televisión de la Paz, Lupita Lucero, intento comprarle el rancho El Estribo, heredado del inmortal Pancho King (pionero de la radio y televisión en BCS), teniendo la desvergüenza de entregar para ello, un anticipo por 350 mil pesos con el cheque de gobierno # 07605. La operación trascendió y fue cancelada. 3) para valorar la indignidad sumisa de LCM cuando la requiere, se anexa también copia del cheque # 6176 por 30 mil pesos expedido en 1993, irregularmente, por el gobierno de BCS, con el fin de ayudar a la campaña federal priista de LCM, y un apoyo que dijo algún funcionario de entonces, anduvo mendingando perrunamente. 4) igual, para evidenciar el carácter traicionero de LCM, se anexa un artículo del escritor Kennedy Morgan, que relata una historia repetida muchas veces en la carrera política de LCM, una narrativa en materia de invasiones de terrenos ajenos, su mero mole.

5) como consecuencia del nefasto actuar de LCM en funciones de gobernador, un grupo de sudcalifornianos, publicó (06/06/06) un desplegado en el periódico Reforma, exhortando a no votar por el PRD en la elección presidencial del 2006, ya que al ganar empoderaría por 6 años más al criminal de Santiago; dada su cercanía con el entonces candidato de ese partido, López Obrador. Situación que volverá a repetirse, porque el actuar político de LCM sigue siendo canallesco y luego de pedir públicamente el voto en 2012 para el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto (siendo LCM candidato a senador por el PRD) y en contra de su “amigo” Andrés Manuel que peleaba de nuevo por el PRD la presidencia, decidió borrar su traición de un plumazo, apoderándose de MORENA -BCS y del proyecto López Obrador. Que analice un poquito Andrés Manuel, la clase de cínicos megarratas que está incluyendo LCM en Morena, y tal vez deduzca que trata de restarle votos en vez de sumarlos; es muy traicionero, lo ha sido toda su vida y el gobierno federal tiene mucho dinero para comprar al más pintado. De LCM hay que esperar lo peor y es auténtico peligro para el triunfo de Morena en las elecciones de 2018. Del Transporte Urbano, el Cerro de la Calavera, el Mogote, la licitación de parque vehicular y aprehensión del empresario modelo Guillermo Ruffo, las huelgas ilegales hoteleras, el intento de despojo de un predio urbano-costero de 120 has en Cabo San Lucas, Transbordadores y agresiones a opositores de sus canalladas etc., se hablara mas adelante.

MAREMÁGNUM
De ridícula es considerada el destape que un periódico local hizo del diputado local Marcos Pupo- uno de los miembros más rapaces de las otras hordas familiares que llegaron con Narciso Agundez Montaño en 2005- , de que buscará ser candidato a la alcaldía de La Paz el próximo año. Hijo de un individuo, que lucró con una asociación de padres de familia como arma política para prenderse a la ubre gubernamental, y de una suplente a diputada federal de Marcos Covarrubias de lo más ignorante, el diputado Pupo fue presidente del Congreso estatal al inicio de la actual legislatura y luego bajado del cargo por su falta de capacidad hasta para organizar las sesiones, no sin antes colocar a otros cuantos miembros de la familia en la nómina del organismo… Extraña la rapidez con que actuó la policía ministerial de BCS, en el caso del supuesto despojo cometido por el ambientalista todosanteño, John Moreno, cuando un bandido de marca, como Saul Ivan Sánchez Camarillo tiene ordenes de aprehensión por el mismo motivo desde hace 3 años y no las han cumplimentado , primero porque no lo encontraban y ahora porque el nuevo sistema de justicia penal, lo impide. Esto último, a decir del bandido que maneja las aprehensiones al interior de una Procuraduría que prácticamente solo sirve para proteger al narco y la ola de crímenes suscitados en las confrontaciones de bandas. la última de Sánchez Camarillo fue traspasar en escritura balín, uno de los varios predios que tiene invadidos en el Coyote, al dueño de ONAPAFA, Adrián Vergara, una rata (cuida los caballos de carreras de LCM) que parece arreglado con el SAT, ya que no declara los ingresos provenientes de las cuotas cobradas a los asociados de la organización que protege la portabilidad de autos sin importar… El predominio del guaterismo violento se dejó sentir de nuevo en Bahía Magdalena, y el presidente de la cooperativa más productiva de López Mateos, junto con su familia, fue atacado en su domicilio, hace 2 semanas, por cerca de 10 individuos armados con machetes y enviados por unos tales, “Mingo” y “Boni”, radicados en Puerto San Carlos. El motivo, las confrontaciones verbales, panga a panga, que han sostenido pescadores en los últimos días, con motivo de la extracción ilegal de langosta en zona concesionada a la cooperativa, de tal suerte, que si las autoridades de los 3 niveles de gobierno -incluyendo a la milicia, no frenan las acciones violentas de los citados, el problema se saldrá de control y habrá muertos. Se habla de un inspector de Conapesca de apellido Montenegro u algo así, como el responsable de solapar a los agresores; contexto, en que el seudo líder cooperativista, Humberto Arias (a) “el chopani”, es uno de los problemas mayores.

pescadoresz@prodigy.net.mx

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