Esthela Ponce y sus funcionarios deben de responder a las denuncias


“Reconocemos la atinada decisión de Armando Martínez al denunciar los hechos que derivaron en la demanda de juicio político contra los ex funcionarios del ayuntamiento y que desgraciadamente no pudo prosperar en el Congreso del Estado, debido a que la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, resulta ya obsoleta y dificulta se configure el Juicio Político”, señaló del presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California Sur, Rigoberto Mares Aguilar.

Estela Ponce y los ex funcionarios de su administración deberán responder por los hechos que se le acusa, ante las instancias competentes, además de las denuncias presentadas ante la PGR y que fueron turnadas a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos por desvío de recursos, señaló el líder estatal, apuntando que exigen “a la Procuraduría General de la República, dé respuesta pronta a esta demanda presentada contra la ex alcaldesa; no quisiéramos pensar que la ley se aplica de manera discrecional, o que el PRI-Gobierno protege a través de esta dependencia a sus militantes que cometen actos de corrupción.”

Por lo que respecta a la determinación de Armando Martínez y su equipo de solicitar el juicio político contra los ex servidores públicos municipales, el dirigente estatal señaló que “fue una decisión valiente, ya que lo peor que podría haber hecho era quedarse de brazos cruzados; la administración panista de La Paz está demostrando que está dispuesta a llegar hasta las últimas consecuencias.”

Además, el líder albiazul resaltó que “derivado del análisis realizado de la denuncia de juicio político, los diputados deberán trabajar en la actualización de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, con la finalidad de que responda a la realidades de la sociedad actual y permita que quien comete algún ilícito estando en el gobierno pueda ser llevado ante la justicia y repare el daño”, finalizó.

5 comentarios en “Esthela Ponce y sus funcionarios deben de responder a las denuncias

  1. reporteroAA

    JUICIO POLITICO, QUE ES Y PARA QUE SIRVE ?

    De instrumento ejecutor contra los priistas indisciplinados del antiguo régimen, el juicio político en México se convirtió en arma de defensa y ataque entre los diferentes partidos políticos, sin importar que es un instrumento ciudadano para destituir a los funcionarios irresponsables.

    A partir de 1997, fecha en que el PRI pierde el control del Congreso, la Comisión Jurisdiccional de la Cámara de Diputados reporta que las demandas de juicio político se han incrementado casi al cien por ciento. La cifra ha aumentado desde que Vicente fox llegó a la Presidencia. Los 86 juicios políticos que se han presentado en los últimos 27 meses, desechados en su mayoría por carecer de elementos, dan cuenta de la intensa batalla que han sostenido los partidos para someter a sus rivales.

    Entre los funcionarios de alto nivel del Estado demandados de 1999 a la fecha sobresalen los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (5); Santiago Creel, secretario de Gobernación (3); José Ángel Gurría, exsecretario de Hacienda (3); Arsenio Farell, excontralor federal (3); Genaro Góngora, expresidente de la Suprema Corte (2); Francisco Barnés, exrector de la UNAM (2); Roberto Madrazo, líder nacional del PRI (1); Porfirio Muñoz Ledo, embajador plenipotenciario ante la Unión Europea (1); Andrés Manuel López Obrador, jefe del gobierno capitalino (1); Patricio Chirinos, exgobernador de Veracruz (1); Ernesto Zedillo, expresidente mexicano (1); Herminio Blanco, exsecretario de Comercio (1); Jorge Madrazo, exprocurador (1), y Carlos Ruiz Sacristán, exsecretario de Comunicaciones y Transportes (1).
    También han sido demandados los magistrados del Tribunal Electoral del Distrito Federal (1); ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (1); José Woldenberg; titular del IFE (1); el diputado priista Óscar Levín Coppel (1); Alejandro Gertz Manero, secretario de Seguridad Pública (1); Diódoro Carrasco Altamirano, exsecretario de Gobernación (1), y Rosario Robles, líder nacional del PRD (1). Sin embargo todos estos casos no han procedido, lo que pone en entredicho la funcionalidad del mismo.

    La integración del juicio político a la Constitución en 1982 tuvo un destinatario: el exsenador Jorge Díaz Serrano, a quien en 1983 el presidente Miguel de la Madrid y la mayoría priista en el Congreso de la Unión desaforaron para procesarlo por corrupción durante su gestión como director de Pemex. Desde entonces ningún otro juicio político ha prosperado, a pesar de que a la Cámara han llegado centenares de demandas contra funcionarios y exfuncionarios.

  2. el conono

    Tan grandotes y tan pendejos creen que el pinche pejeloco va a sacar a este país a flote, mexico está hundido en la corrupción, y no solamente del gobierno, tambien en la ciudadania, la corrupcion es la raíz de todos los males.

  3. Daniel Gutierrez

    Puro pinche rata y corrupto tanto del PRI como del PAN aqui en Baja California Sur y en todo Mexico,son los mismos ratas y se cubren entre ellos,bola de corruptos y ladrones.
    Mexico ya no les cree.Por eso fuera y carcel
    Morena va

  4. vigilante

    Por que no señala el presidente del Partido Acción Nacional (PAN) en Baja California Sur, Rigoberto Mares Aguilar, el desvio del que esta denunciado antes la PGR el exgobernador Marcos Covarrubias villaseñor, por cuando menos 88 millones de pesos, que no pudo comprobar a la Auditoria Superior de la Federación. de igual manera cuando lleva la deuda y desvio de Armando Martinez, a la fecha.-

  5. Toto

    Ni a Estela Ponce ni a nadie les van hacer nada…!
    En el Gobierno Federal, impera la corrupción e impunidad…¡¡ así trabaja el PRI !!
    Van a ver, van a ver…!

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