Periodismo a la Carta


ANTONIO ALCANTAR

  • La mezcla de los archivos incompletos
  • Y el papel de los jueces

Mario Santiago

3 - 1 antonio alcantar esta en libertadTodos sabíamos como iba a terminar la historia penal de Francisco Antonio Alcántar López, solo nos faltaba la fecha y esta se dio el l4 de enero pasado cuando traspuso las rejas del CERESO de La Paz recobrando una libertad que no merecía, pues ha sido uno de los mas grandes depredadores de los recursos económicos de las arcas del gobierno de Baja California Sur.

Fue detenido el 28 de febrero del 2012, es decir, estuvo en la sombra 10 meses con 17 días, y desde luego, con toda su fortuna intacta pues el Juez Primero de Distrito, Alfredo Manuel Bautista le concedió  la libertad absoluta, ratificando un fallo que emitió el Séptimo Tribunal Colegiado con residencia en Guadalajara, Jalisco.

Si se reúnen los dos ingredientes, una demanda sin pruebas contundentes y la complicidad de los jueces que no tienen la absoluta confianza del pueblo, pues se da el resultado que estamos viendo.

Abogados y periodistas de prestigio piensan que la Suprema Corte y toda su estructura de jueces, no ha evolucionado lo suficiente pues la independencia y los recursos económicos los tiene, pero no la eficacia en los juicios como  se requiere.

Por ejemplo, los Ministros consiguieron un decreto que les permite durar 15 años en el cargo, sus sueldos no pueden ser reducidos, cuando se retiren obtendrán una pensión vitalicia, elaborarán su propio presupuesto y el Presidente de la Corte siempre tendrá la facultad de administrar los recursos como él decida.

En el caso de Alcántar, no se trata de una decisión que se le otorgó porque sea inocente, sino porque dichas instancias no tuvieron en sus manos un expediente bien integrado producto de las deficientes investigaciones de los Agentes del Ministerio Publico adscritos a la Procuraduría General del Estado, según observaciones hechas por abogados litigantes como Arturo Rubio Ruiz.

1 a antonio alcantar zetaEsta decisión ha causado un desagradable sabor de boca entre la ciudadanía, pues esto mismo ha ocurrido con personajes que también degradaron las finanzas públicas y el patrimonio del estado como Narciso Agúndez Montaño, Guillermo Jáuregui Moreno, Juan Garibaldo Romero,  Luis Armando Díaz y otros que ni siquiera fueron mencionados, pero que también disfrutan de una libertad inmerecida.

Es la misma sensación que siente gran parte de  nuestro tejido social con la libertad de la ciudadana francesa Florence Cassez que la recupero por supuestos ilícitos procedimientos en su causa penal, cuando sus víctimas, todas mexicanas, sufrieron los efectos del secuestro, la amputación de alguno de sus miembros, además de  la tortura física y psicológica a que fueron sometidos.

Alcántar ya forma parte de los funcionarios que llegaron a pensar que un cargo público es para siempre y que es  para aprovecharse de él, para enriquecerse de una manera extralimitada y que, como en  este caso, contó con la complicidad de un gobernante que como Agúndez Montaño, no estaba ni medianamente capacitado para desempeñarlo  y permitió el  manoteo porque él hacia lo mismo.

Fue un Director de Comunicación Social del Estado que se ensañó con todo aquel que no se ceñía a sus instrucciones y cosa extraña, su atribulada furia, por lo regular la descargaba en contra de las mujeres de este ramo.

¿HABRÁ UN CÁLCULO DE SU RIQUEZA?
Tal vez alguna aproximación.

Durante el ejercicio de su encargo y luego después de su salida, se habló de 7 búngalos y una residencia en el exclusivo Fraccionamiento de FIDEPAZ, ambas con un costo aproximado de l5 millones de pesos; 250 hectáreas en el ejido Alfredo V. Bonfil donde tuvo una crianza de chivas; una costosa residencia en la Colina del Sol, se dice que una empacadora de pescado y una planta congeladora en el puerto de Guaymas, Sonora de donde es originario; una casa de interés social en el Fraccionamiento Los Girasoles y un negocio con venta de mosaicos de mármol, granito y cantera, ubicado en la calle Ostra y Mar Mediterráneo en el Conchalito. Se corrió el rumor de que algunas de estas propiedades ya las había puesto en venta, aunque muchas de ellas  están a nombre de familiares.

¿CÓMO LLEGO AL ESTADO?
Nadie se podría imaginar, cómo aquel jovencito, de apariencia sencilla, que llegó al Estado en el año de 1984 procedente de Guaymas, Sonora y con una muda de ropa por capital, fue acogido inicialmente por el entonces líder de colonias, Lisandro Rodríguez de León que lo recomendó con el general Antonio Valdivia zzzzzzzalcantarynarcisocuando  disputaba la candidatura del PRI  para ser gobernador del estado, ganada finalmente por Guillermo Mercado Romero, con quien pronto se congració pese a los insultos periodísticos que le había proferido. Por ese entonces llamó a  Leonel Cota “El loco de la l6” cuando era alcalde de La Paz y el edificio se ubicaba por la avenida l6 de Septiembre.  A Narciso Agúndez Montaño, cuando era presidente municipal de Los Cabos lo calificó de  “Alcalde mitómano, mentiroso y corrupto”.

Pero por la administración  gubernamental de éste último, fue que se hizo inmensamente rico.

Además de los numerosos inmuebles que adquirió, su riqueza se basa en los recursos monetarios que escamoteó al presupuesto, que por ley estaban destinados para promover las acciones  gubernamentales en los diversos medios informativos del Estado, lo que ocurrió en un bajísimo porcentaje.

Como por ejemplo:

Clonación de facturas, tanto de proveedores como de periodistas, a los que puso en peligro de un delito grave ante la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en caso de auditorias que para fortuna de los ingenuos donantes, nunca se presentaron.

Coaccionaba para recibir facturas periodísticas en blanco, el entregaba 3 o 4 mil pesos y luego las llenaba impunemente con cantidades que oscilaban entre los 100 y los 400 mil pesos. Uno de esos cientos de ejemplos lo representan los contralor Roman Rangelcheques  CLA 202-0099 recibido en blanco y llenado en 105 mil pesos. Y a la misma persona, otro  cuyo cheque con numeración 10807 por la suma de 276 mil pesos, burlándose de esta manera de las apremiantes necesidades de muchos informadores que lo hacían para subsistir de la trampa que él mismo les había tendido.

Pero  una extensa relación de este tipo de documentos estaba en manos del Contralor Rangel que nunca pudo utilizar por “ordenes superiores”, pero que tuvo que recibir la actual, Maritza Muñoz Vargas.

Había proveedores inexistentes, con pagos fabulosos.

Fue Alcántar durante seis largos años, una especie de Pacman que devoraba  todo lo que oliera a dinero,

Se dio el lujo de golpear físicamente al Contralor Pablo Román Rangel Pinedo en la casa del entonces Procurador  General de Justicia, Francisco Karim Martínez Lizárraga porque se  atrevió a llamarlo” el lunar negro de la administración”.

Se dio el lujo  de cerrarle las puertas a funcionarios de Contraloría que solo querían advertirle de sus graves fallas administrativas y darle todas las facilidades para que las solventara y desairó cuando menos 3 veces a los legisladores que lo citaban en la Cámara de diputados, para los mismo, pero todos fueron tibios y optaron por mantenerse en el gusto gubernamental antes de actuar conforme a la ley y la dignidad.

La elevada escalinata que ahora tiene que descender, él mismo la fabricó.

Para su tranquilidad, los efectos en contra de su economía no será tan desastrosa por las muchas veces absurdas combinaciones de un expediente mal integrado     y la actuación siempre sospechosa de los jueces.

Aunque en este caso se trata de lo primero, pues pese a su descabellado y libertino saqueo, ingresó al CERESO por el delito de peculado por el desvío de $820 mil pesos debido a que no pudo comprobar esos gastos destinados a la impresión de un libro sobre el resumen sexenal denominado “Acciones de hoy para la Sudcalifornia de Mañana”

Pecata minuta para el voluminoso saqueo que cometió.

Pero ante la sociedad caminará cuesta arriba, por más millones de pesos que tenga.

Aunque para decir verdad, el desaire social no creo que le vaya a quitar el sueño.

MARCOS COVARRUBIAS, GESTIONES DE GOBERNADOR.
Marcos Covarrubias Villaseñor, para cumplir con su responsabilidad de gobernador, en el primer mes del nuevo año realizó una serie de entrevistas con funcionarios federales, en su mayoría Secretarios de Estado, para garantizar las inversiones destinadas a Baja California Sur y establecer una relación de trabajo con  quienes conforman el equipo de trabajo del Presidente Enrique Peña Nieto.

Con el Secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,  se tomó el acuerdo de unificar criterios para coincidir en las medidas de seguridad que habrán de tomarse en beneficio de todos los mexicanos.

Con la titular de SEDESOL, Rosario Robles Berlanga se comprometió a respaldar todos los programas de impacto social, principalmente el relativo a la Cruzada Nacional para combatir el hambre.

Con el titular de SAGARPA  se firmó el acuerdo de participación en proyectos agroalimentarios, continuar la construcción de presa y represas, construcción de una planta deshidratadora de chile y la tecnificación de riego en sembradíos agrícolas.

La Secretaria de Salud Federal respaldará al Estado con mejor equipamiento para hospitales y actualizar el Programa Universal de Atención a la Salud.

También se reunió con la titular de turismo que apoyará las  acciones para darle un mayor impulso a este importante sector y con funcionarios de AeroMéxico buscando incrementar vuelos nacionales e internacionales a este destino.

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20 comentarios en “Periodismo a la Carta

  1. Rubén Jud

    Pura escoria ese Alcántar… no dudemos que dentro de poco tiempo sea candidato a algún puesto político porque en México entre mas RATA y CORRUPTO eres te premian como al Copetón Peña… vivimos al reves… a los honestos los tachan de locos, comunistas, inadaptados, chavistas, etc mientras a los narcopolíticos corruptos los hacen idolos y salvadores de la patria….

  2. OPINION DE VILLANOTAS.-Quien tenga pruebas en contra de quien sea por delito de que se trate su obligacion es denunciar y presentarlas…De lo contrario los culpables seguiran en las calles,en las instituciones,siempre medrando en la impunidad…y no habra nunca comentario que los ponga tras las rejas ni juez que los declare culpables por simples rumores.

  3. OBSERVADOR

    QUE BIEN, TODO EN ORDEN Y EL FASHION VALLEY BOY NOMÁS NO SE DA CUENTA DE NADA EN SU FALLIDO ESTADO (DE QUE DIABLOS IRA A DAR CUENTAS EN EL “INFORME”), CUANDO LLEGUEN A TENTAR EL BOTE LOS PRESUNTOS PUES CON UN AMPARO EN CONTRA DE LOS ENCARGADOS DE LA “JUSTICIA” EN EL ESTADO SALDRÁN COMO PEDRO POR SU CASA Y NO PASA NADA QUE SIGA LA FIESTA…………… .·.

  4. Y , el. Cuco covarrubias cuanto le toca del negocio ?, si es papa de todas las tranzas del gobiernos. , así que el aurelio es mas rata , para eso me gustaba, tan decente que se mira arrastrando las patas con el bastón, bandido junto con su vieja.

  5. cascarabias

    excelente informacion que nos comparte BARNEY DE MORADO, asi sabremos de que esta hehca realmente la procuracion de justicia, veremos si el procurador esta desligado de intereses personales, veremos si realmente se investiga y se castiga la corrupcion en la actual administracion “caiga quien caiga”, creo que este caso nos demostrara realmente la cara oculta de esta dministracion,. veremos hasta donde mete las manos el actual gobernador por sus funcionarios, veremos si todo seguira siendo sonrisa tras sonrisa mientras siguen robando el patrimonio de los sudcalifornianos, vamos a ver GAMIL si tienes ” EL VALOR SUDCALUIFORNIANO ” o te vale, ¿ o no ?

  6. imperio delsol.

    PERO SI EN TODOS LOS GOBIERNOS DEL MUNDO EN TODOS LOS NIVELES ES LO MISMO, YA VEN A NIVEL HOSPITALES LO QUE SE HACEN CON LOS QUE VENDEN MEDICAMENTOS LES DAN PREFERENCIAS A LOS MAS BARATOS,

  7. Barneydemorado

    Del Zeta
    Los nuevos bandidos
    osted enero 28, 2013 by ZETA Baja California Sur

    La ruptura de una sociedad mercantil exhibe a funcionarios
    Denuncia penal evidencia red de corrupción en DIF, SEP y la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado. Proveedores facturaban millonarias ventas a nombre de Clara Lizeth González Romero y Comercializadora Abarrotera de Baja California Sur, S.A. de C.V., responsables de surtir de productos alimenticios a la casa cuna, albergues rurales, guarderías, Casa del Estudiante de La Paz, Hospital Psiquiátrico, DIF comunitarios y hasta al Hospital General “Juan María de Salvatierra”

    Gerardo Zúñiga Pacheco/Alejandro Acuña

    Una denuncia penal presentaba el 12 de septiembre de 2012 en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), bajo el número de averiguación previa LPZ/SPB/402/2012, puso en evidencia una red de corrupción dentro del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Baja California Sur.

    Los integrantes fueron plenamente identificados con nombres, apellidos, cargos, fechas, cantidades, testimonios, documentos y todas las piezas clave de lo que resultó ser una estructura de favores, recomendaciones y encubrimiento que actualmente y al cierre de esta edición, estaba produciendo dinero ilícito a los presuntos implicados.

    Los señalados son, por el DIF:

    – Martín González Fiol, director general.

    – Rosa E. Solorio Ramírez, coordinadora administrativa, quien se jacta de una supuesta amistad con la esposa del gobernador, María Helena Hernández de Covarrubias.

    – Carlos Roberto Avilés Contreras, jefe del Departamento de Recursos Financieros y militante del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

    Por la SEP:

    – Sonia Murillo Manríquez, directora de Administración y Finanzas.

    – Consuelo Peñaloza, jefa del Departamento de Recursos Financieros.

    – Heidi Estrada Martínez, directora de Casa del Estudiante.

    Por la Secretaría de Salud:

    – Luis Humberto Araiza López, ex director administrativo.

    – Víctor García, jefe del Departamento de Pagos.

    – Julio César Buenrostro de Dios, titular de la Unidad de Contraloría Interna.

    – Carlos Arriola Isaís, director general del Hospital General “Juan María de Salvatierra”.

    – Víctor Manuel Nolasco Cota, director administrativo de ese nosocomio.

    – Manuel Alejandro Cota Crespo, jefe del Departamento de Pagos del hospital.

    Las evidencias de esta red de corrupción brotaron al estallar una pugna entre socios de una compañía por el cobro de cheques y pagos que terminó por develar que “habían sido favorecidos con la asignación directa de cuando menos siete contratos por funcionarios de primer, segundo y tercer nivel, aprovechando que la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios de Baja California Sur, no los obligaba a licitar porque el monto de compra en una sola exhibición, no rebasaba el tope de los 504 mil pesos que establece como máximo el Artículo 26 Fracción III de la citada Ley”.

    Los proveedores facturaban sus millonarias ventas a nombre de Clara Lizeth González Romero, y bajo el nombre comercial Comercializadora Abarrotera de Baja California Sur, S.A. de C.V., responsables de surtir de productos alimenticios como carne, pollo, pescado, cafetería, carnes frías, despensas, cigarros y frutas y verduras, a la casa cuna, albergues rurales, guarderías, Casa del Estudiante de La Paz, hospital psiquiátrico, centros comunitarios DIF y hasta al Hospital General “Juan María de Salvatierra”.

    El dinero de la venta de todos estos productos se concentraba -según la denuncia penal- en la cuenta fiscal número 0679861339 del barco Banorte, que aparece a nombre de Clara Lizeth González Romero.

    La mecánica de estas operaciones era muy sencilla. Aprovechando su investidura, el ex subsecretario de Planeación y Desarrollo Económico, Aurelio Ortiz Zambrano, conseguía los contratos de compraventa y enviaba a los cuatro socios de la compañía a cerrar los tratos de manera directa.

    La que figuraba como propietaria de la empresa, Clara Lizeth González Romero y su esposo, Luis Josefat Gastélum Vázquez, eran los encargados de almacenar y surtir todos los pedidos a las dependencias estatales.

    Por su parte, los otros dos socios, Javier Camacho Lizárraga y Maura Georgina Pantoja Pérez, resultaron ser cuñado y concuña de Aurelio Ortiz Zambrano, además de responsables de administrar y facturar todo lo que se vendía.

    La contabilidad de estas operaciones era manejada por Carlos Mayoral, contador del negocio particular de quien, hasta el 16 de noviembre de 2012, fungiera como subsecretario de Planeación y Desarrollo Económico del gobierno del panista Marcos Covarrubias Villaseñor.

    Datos recabados por ZETA exponen que el proveedor de todas estas instituciones de gobierno no reunía siquiera los requisitos principales requeridos por la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado, como tener un local comercial u oficina legamente establecido, una licencia comercial expedida por el Ayuntamiento local y una razón social afuera del establecimiento.

    El negocio prácticamente operaba desde la penumbra, pues su domicilio fiscal de la calle del Río número 115, Colonia La Fuente de la ciudad de La Paz, resultó ser una vivienda particular que servía únicamente como centro de almacenaje y repartición de productos alimenticios.

    No obstante, durante una entrevista con ZETA, Luis Josefat Gastélum Vázquez, uno de los socios, declaró que la compañía era propiedad de su esposa y todos los demás “éramos empleados, pues cuando comenzamos, decidimos asignarnos un sueldo que cobrábamos cada quince días”.

    Los únicos socios que manejaban tarjeta de la cuenta bancaria eran González Romero y Maura Georgina Pantoja Pérez, esta última controlaba y firmaba los cheques que expedía la compañía.

    Gastélum Vázquez y su esposa, Clara Lizeth, hablaron de todo con este Semanario, de la operación del negocio, la asignación directa de los contratos y las pugnas que terminaron en una denuncia penal en contra de sus ex socios, donde aparecen involucrados la mayoría de los servidores públicos señalados.

    — ¿La empresa otorgó un porcentaje de dinero de sus ventas a todos los funcionarios relacionados para que los favoreciera con los contratos? ¿Cuántos les pagaban?

    “No te sabría decir, salvo que a mí me habló directamente el señor Aurelio Ortiz Zambrano, cuando era mi amigo, y me invito a registrar una empresa porque expresamente me dijo, ‘íbamos a ser proveedores directos del gobierno y había oportunidad de hacer negocio’; y yo le digo que sí, y la empresa se registró a nombre de mi esposa. No sé si él haya acordado algo con ellos de manera directa o si les pagaba o no, pero de que se notaba el interés desde que empezamos, sí, porque entrando en operaciones el gobierno de Marcos Covarrubias, inmediatamente nos asignaron los contratos”.

    El comienzo

    A espaldas del gobernador Marcos Covarrubias Villaseñor, el ex subsecretario de Planeación y Desarrollo Económico, Aurelio Ortiz Zambrano, se coludió con funcionarios de primer, segundo y tercer nivel para sacar raja económica en la asignación de contratos y obtener dinero de manera ilícita.

    La empresa fue creada ex profeso -y así lo reconoció quien figura como propietaria, Clara Lizeth González Romero-, pues de la nada fue registrada el 25 de abril de 2011, es decir, diez días después de la toma de protesta del gobernador, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bajo el número de registro federal de contribuyente GORC791111MU0, porque se había planeado favorecerla con los contratos de manera directa y sin entrar a ninguna licitación.

    La compañía nació a sugerencia del propio ex funcionario, cuando llamó telefónicamente a quien fuera su amigo, Luis Josefat Gastélum Vázquez, y le recomendó registrarla para empezar hacer negocio en el cuatrienio del Partido Acción Nacional (PAN).

    — ¿Cómo conoces a Aurelio Ortiz Zambrano, cómo te contacta? ¿Participaste en la campaña del gobernador Covarrubias?, pregunta ZETA al esposo de González Romero.

    “Bueno, yo no participé en la campaña del gobernador. De hecho, no lo conozco en persona. A mí me llama un día por teléfono el señor Aurelio, porque su esposa Janeth, es muy amiga de mi familia, y nos dice que va a tener un buen cargo dentro del gobierno y me invita a organizar un negocio, porque nos dice que quiere que seamos proveedores directos. Yo hablo con mi esposa y decidimos que se haga el trámite de un registro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y sea ella quien figure como dueña; y entonces así empezamos a trabajar”.

    La asignación de los contratos -relata el joven- era un sueño que los involucrados parecían estar viviendo, pues de la nada comenzaron a llamarles de varios lados y a requerirles de productos alimenticios, por lo que decidieron cerrar el trato de compraventa de la casa que servía como almacén y lugar de residencia.

    Gastélum Vázquez recibió una llamada telefónica del ex subsecretario de Planeación y Desarrollo Económico, Aurelio Ortiz Zambrano, y solicitó integrara en el “equipo de trabajo” a su cuñado y concuña para que administraran el negocio, porque para entonces tenían una pesada carga de trabajo y no podían con todo.

    — ¿Aceptaron?

    “Sí, aceptamos porque finalmente el negocio estaba a nombre de mi esposa y teníamos todos los contratos firmados, y el trato es que ellos serían empleados y recibirían un sueldo, como el que estábamos cobrando nosotros para concentrar las ganancias en la cuenta bancaria y poder tener fondos para responder rápidamente en las requisiciones de los pedidos del gobierno”.

    De acuerdo con documentos que obran en poder de ZETA, el negocio de proveer productos alimenticios era bastante lucrativo, pues aunque aparentemente la mayoría de las compras eran pequeñas -entre los dos, tres, cinco y hasta seis mil pesos-, al término de mes la venta neta alcanzaba los 200 mil pesos.

    Las cuentas

    Para tener una idea más clara, en base únicamente a un estado de cuenta emitido el 10 de septiembre de 2012, la subdirección administrativa del Hospital General “Juan María de Salvatierra” pagó las siguientes facturas y cantidades a Clara Lizeth González Romero por concepto de productos alimenticios:

    – El 7 de febrero pagó 13 mil 824 pesos, amparados en las facturas 776, 777, 779 y 780.

    – El 21 de marzo pagó 9 mil 856 pesos (facturas 792, 793 y 794).

    – El 3 de abril pagó 13 mil 502 pesos (facturas 786, 787, 788, 789 y 780).

    – El 11 y 23 de abril pagó 15 mil 232 pesos (facturas 866, 867, 868, 868, 792, 793 y 794).

    – El 25 de mayo pagó 4 mil 800 pesos (facturas 968 y 1165).

    – El 18 y 26 de junio pagó 9 mil 908 pesos (facturas 969, 970, 1164 y 1166).

    – El 5 y 12 de julio pagó 10 mil 112 pesos (facturas 1165, 1185 y 1187).

    – El 1 y 13 de agosto pagó 6 mil 016 pesos (facturas 1188 y 1254).

    En total, 90 mil 356 pesos fueron liquidados únicamente en una de las siete instituciones con las que tiene contrato el proveedor, quien dicho sea de paso y en base a los consecutivos de los folios de las facturas, es evidente que solo se dedica a vender sus productos al gobierno y no tiene otros clientes, porque como dijo el joven Luis Josefat Gastélum Vázquez, “el negocio está en venderle al gobierno de Marcos Covarrubias”.

    La mayor parte de estos pagos salen del llamado fondo revolvente de cada institución, a excepción de Casa del Estudiante de La Paz y el Hospital Psiquiátrico, cuyas cuentas son pagadas en parte por la Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud y Secretaría de Finanzas.

    Por ello, y en base a la relación de documentos en trámites de la Dirección de Administración y Finanzas de la SEP, bajo el folio R080016 de fecha 1 de agosto de 2012, algunos pagos no salen instantáneamente y tardan en ser liquidados, como los 169 mil 346 pesos y 88 centavos en lista de espera para ser pagados a Clara Lizeth González Romero, que forman parte de los entre 4 y 5 millones que el gobierno estatal adeuda a este proveedor.

    La pugna

    Cuando todo parecía “miel sobre hojuelas”, el 8 de agosto de 2012, la proveedora Clara Lizeth González Romero fue notificada y citada a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

    No sabía de qué se trataba, pues según la denuncia penal, el contador de Aurelio Ortiz Zambrano llevaba toda la contabilidad en orden, y aunque estaba segura, decidió ir y se encontró con que se habían omitido las siguientes declaraciones fiscales.

    Del año 2011:

    – 7 declaraciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR).

    – 7 declaraciones del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU).

    – 8 declaraciones de Impuesto al Valor Agregado (IVA).

    – 9 declaraciones de operaciones con terceros (DIOT)

    – Declaración anual.

    Del año 2012:

    – 7 declaraciones del ISR.

    – 7 declaraciones del IETU.

    – 7 declaraciones del IVA.

    – 7 declaraciones de operaciones con terceros (DIOT).

    Contrariada y levemente asustada -describe-, Clara salió de la SHCP y lo primero que hizo fue llamar al contador Carlos Mayoral, y posteriormente, al ex subsecretario de Planeación y Desarrollo Económico, Aurelio Ortiz Zambrano.

    “Así es como comienzan los problemas, porque en eso no habíamos quedado. Los primeros dos meses hicieron todo correctamente, y luego me encuentro con esa sorpresa, obviamente reaccioné y no solo fui a Hacienda, también me puse a investigar y solicité estados de cuenta a todas las dependencias que estamos surtiendo, y en ese recorrido, me entero de que el cuñado y la concuña de Aurelio, ya se nos habían adelantado y habían solicitado que de hoy en adelante todos los tratos eran con ellos, y piden que no se nos pague nada a nosotros”, expresó la que figura como dueña de la empresa Comercializadora Abarrotera de Baja California Sur, S.A. de C.V.

    La mujer entregó un escrito como representante legal de la compañía y una serie de documentos que acreditan jurídicamente su personalidad, solicitando que los pagos no sean entregados a los familiares del funcionario estatal, Javier Camacho Lizárraga y Maura Georgina Pantoja Pérez.

    Asimismo, pide un estado de cuenta a cada uno de sus clientes, pero solo la subdirección de administración del hospital “Juan María de Salvatierra” y la Dirección de Administración de Finanzas de la SEP, determinan entregarle el informe solicitado por escrito.

    Cómo se coludieron

    El resto de los servidores públicos se colude con los parientes de Aurelio Ortiz Zambrano, y la disputa comienza por un botín de entre 4 y 5 millones de pesos.

    Durante una entrevista con ZETA, Clara Lizeth González Romero expuso que ella comenzó a sospechar de los malos manejos desde que los familiares del funcionario “decían que no salían pagos, y el único dinero que supuestamente salía, era al que le dábamos vuelta para surtir los pedidos”.

    El esposo de Clara dijo que todo era muy sospechoso porque el cuñado del funcionario, Francisco Camacho Lizárraga, repentinamente se compró una camioneta Hummer. “Yo me quedé pensando y dije, algo está pasando, porque supuestamente no salen pagos, pero sí trae una camioneta del año. Entonces, fuimos al banco y lo primero que me encuentro es un cheque expedido a nombre de Aurelio Ortiz Zambrano”, comentó.

    El documento número 273 fue expedido el 24 de abril de 2012 por 35 mil pesos a favor del ex funcionario; fue cuando reclamaron porque estaban dándole dinero.

    La respuesta vino del propio Aurelio Ortiz Zambrano, quien negó a ZETA recibir parte de las ganancias de las operaciones ilícitas, además de que el cheque recibido fue por la venta de esa camioneta.

    — ¿Usted recibió algún pago o cheque de ese negocio a nombre de Clara Lizeth González Romero?

    “Mire, yo, recibí, y creo que no es uno, sino tres cheques que recibí del señor Javier Camacho Lizárraga por un vehículo de mi propiedad que le vendí en 2011, obviamente, ese vehículo estaba declarado en mi declaración patrimonial, y en su momento, cuando se hizo la enajenación también, ¿no? Me hicieron varios pagos a cuenta de ese vehículo y finalmente están pasados por mi cuenta, declaró.

    Pero esa es solo la punta del iceberg de una serie de irregularidades cometidas durante la administración de la compañía proveedora. “Nos estaban robando”, acusó Luis Gastélum.

    Como administradores, se apoderaron de los contratos firmados con instituciones de gobierno y tenían bajo su control los documentos de lo que se surtía y lo que se cobraba, así como las cuentas pendientes por cobrar; información privilegiada que se negaron a entregar a sus socios, cuando fueron encarados y comenzó la disputa.

    El problema llegó a las instancias judiciales, donde actualmente se ventila el caso, bajo el número de averiguación previa LPZ/SPB/402/2012.

    La representante legal de Comercializadora Abarrotera de Baja California Sur, S.A. de C.V., Clara Lizeth González Romero, señaló a sus ex socios Javier Camacho Lizárraga y Maura Georgina Pantoja Pérez por el delito de peculado, toda vez -y según pruebas documentales- que cobraron sin su consentimiento decenas de cheques productos de sus ventas, coludidos con funcionarios e incluso falsificando su firma, utilizando una supuesta carta poder firmada por ella y presuntamente certificada por el Notario Público Número 13, Carlos Arámburo Romero.

    En el documento, donde aparecen la firma y los sellos de la notoria, se certificaba que Clara Lizeth González Romero y Maura Georgina Pantoja Pérez se habían presentado a solicitar un poder notarial a favor de la segunda “por propio derecho”.

    El supuesto poder notarial, fechado el 19 de julio de 2012, resultó ser falso. El propio notario, Carlos Arámburo Romero, negó el 18 de enero de 2013 “haber certificado un poder notarial a favor de Maura Georgina Pantoja Pérez y/o Javier Camacho Lizárraga, y otorgado por Clara Lizeth González Romero”.

    En el escrito, bajo el folio 002/NOT13/2013, el notario expuso que hizo una búsqueda en los protocolos notariales a su cargo y no encontró ningún poder otorgado a favor de los familiares del ex funcionario.

    De hecho, en una breve entrevista con ZETA, dijo que procedería legalmente en contra de los presuntos responsables de este hecho, toda vez que no había tenido nada que ver con ese asunto.

    Tanto Javier Camacho Lizárraga como Maura Georgina Pantoja Pérez, utilizaron el supuesto poder notarial para cobrar todo el dinero y dejar prácticamente en la calle a sus ex socios, quienes definieron, “se cegaron por la ambición de poder y dinero”.

    En la querella, las víctimas acusan directamente del delito de incumplimiento de un deber legal a los siguientes funcionarios del gobierno de Marcos Covarrubias:

    – Rosa E. Solorio Ramírez, coordinadora administrativa de DIF Estatal.

    – Carlos Roberto Avilés Contreras, jefe del Departamento de Recursos Financieros de DIF Estatal.

    Indebidamente y en común acuerdo con los familiares de Aurelio Ortiz Zambrano, los servidores públicos entregaron los pagos a quienes no estaban autorizados para su cobro, a pesar de haber sido notificados en tiempo y forma.

    Otros implicados

    Según la denuncia, están implicados Víctor Manuel Nolasco Cota, director administrativo del Hospital General; Víctor García, jefe del Departamento de Pagos; Luis Humberto Araiza López, ex director administrativo y Heidi Estrada Martínez, directora de la Casa del Estudiante.

    No obstante, el abogado defensor de la pareja, Carlos Arturo Mayoral Vázquez, prepara dos denuncias penales más en contra de esta red de corrupción de servidores públicos por el delito de peculado impropio, pues una vez surgida la pugna entre socios, sacaron a unos y pusieron a otros de proveedores, como si se tratara de un negocio particular y sin haber lanzado una licitación.

    Cínicamente y sin cuidar las formas, los contratos pasaron de la pareja de Clara Lizeth González Romero y Luis Josefat Gastélum, a Maura Georgina Pantoja Pérez y Javier Camacho Lizárraga, a fin de beneficiarlos con dinero del erario público, aunque estos últimos no tienen siquiera una oficina formal, licencia comercial expedida por el Ayuntamiento local, o una razón social.

    Peor aún, les dieron oportunidad de reemplazar las facturas de sus anteriores socios, a fin de que los pagos comenzaran a salir a un nombre, a pesar de que el producto había sido comprado con dinero de la anterior sociedad mercantil.

    Los nuevos proveedores de la casa cuna, albergues rurales, guarderías, Casa del Estudiante de La Paz, Hospital Psiquiátrico, DIF comunitarios y hasta el Hospital General “Juan María de Salvatierra”, actualmente operan desde la casa de la suegra del encargado de la Secretaría de Economía, Aurelio Ortiz Zambrano, localizada en Calle Cuauhtémoc entre Félix Ortega y Marcelo Rubio Ruiz, en La Paz; como si no hubiera otros negocios legalmente establecidos y con capacidad financiera de proveer de productos al Gobierno del Estado.

    El abogado de la pareja anticipó que también se prepara una denuncia penal en contra de servidores públicos por el delito de asociación delictuosa, derivado de que esta red de corrupción está operando para sustraer ilícitamente recursos públicos para beneficiar a ciertas personas con las que tienen asuntos de negocio y de amistad.

  8. El Ingenuo...seguramente

    La salida de los funcionarios presos (agundez, porras, alcantar y los que pisaron la carcel unos dias, luis armando y el Pipi) no es otra cosa mas que una treta de la actual adminsitracion por legitimarse ante la ciudadania al encerrar a estos bandidos, pero como son complices de tropelias, le taparon el ojo cochi en la integracion de las demandas y estas fueron tan debiles que bien sabian ellos que saldrian libres al poco tiempo. la impunidad es sinonimo tambien de corrupcion y cuentas claras deberan de rendir los actuales funcionarios al terminar sus funciones, Fue un trato entre “caballeros” dejate encerrar y te libero a los pocos meses, vamos a integrar mal las demandas y apelas, te amparas y nos ganas, ahh y cuando salgas nos vemos en tu rancho para tomarnos unas chelas “bien frias” y tan amigos como siempre………viejo cuento…..

    1. EL CHAYO T

      NO DEJA DE SORPRENDERME LA INGENUIDAD DE LA NOTA…. COMO SI FUERA UNA NOVELA POLICÍACA DE BUENOS Y MALOS. Mario Santiago TE FALTA ARRASTRAR MÁS LA PLUMA Y SER MENOS !”#$%&/( CON LOS POLÍTICOS QUE DAN PA’ EL CHAYOTE

    2. Juan Pueblo

      Que verguenza tener a estos funcionarios que describe el semanario Zeta. y Falta por salir Don Uzcanga, rechinando de limpio, en unos 15 dias, mas o menos. Se las estan dejando caer despacito para no lastimarlos. Pero queda demostrado que los politicos del PRI, PAN Y PRD son la misma porqueria, se sirven con la cuchara grande. Con la noticia del semanario Zeta, esperamos que el gobernador DESTITUYA INMEDIATAMENTE a quienes sean responsables de este delito en FLAGRANCIA, puesto que AUN LO SIGUEN HACIENDO y se les instituya el debido proceso penal por ROBO calificado, por lo menos… ¡A chinga! ya estoy integrando mal la averiguacion previa.

  9. Cissco Kid

    En el caso del escandalo de corrupción,en el que el semanario Zeta en su último número, señala a Aurelio Ortiz Zambrano,ex-subsecretario de Desarrollo Económico del Estado y hoy Delegado Federal de la Secretaría de Economía, como principal actor y que arrastra en el trinquete a varios “sufridos servidores públicos”, el “Divo” de Panorama Informativo,al igual que el Pericu,también se puso mi$$$terioso y nó ha comentado nada en su desbocado mañanero a éste respecto.Esperemos….

  10. Hasta ahorita no conosco un funcionario honesto, igual ´pasara con la presente administracion federal, estatal y municipal, asi fue, asi sera y asi seguira siendo en toda la clase politica y en todas las dependencias federales, estatales y municipales, a ver hasta cuando aguantamos a esta bola de rateros saqueadores

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