Aclara diputado Gil Cueva Tabardillo


La Paz Baja California Sur, 20 de Agosto 2012

A LA OPINIÓN PÚBLICA:

Atendiendo a diversas expresiones de medios, particularmente los no impresos que se distribuyen por la vía de internet  y ante la imposibilidad de identificar a las personas físicas que puedan expresarse a través de ellos, considero necesario manifestar por esta vía la aclaración a lo que tales medios han venido manifestando a partir de que se exteriorizo en los estrados o listas de trámite ante el juzgado tercero de distrito con sede en esta ciudad capital , en relación a el juicio de amparo que lleva por numero 693/2012 y en el que se tramita el juicio que autoriza nuestra Constitución General de la Republica, como derecho humano de cualesquier habitante de nuestra nación.

Dicho Juicio de Amparo fue promovido por la señora Ana Delia Cueva Tabardillo hermana del suscrito, quien es la administradora de un inmueble que tenemos en coopropiedad varios miembros de nuestra familia y que recibimos como herencia de nuestros padres desde los años 80. Tal inmueble lo destinamos desde hace muchos años como pequeños departamentos amueblados que se rentan por semana por mes o anualmente.

Uno de esos departamentos se desocupó en la semana anterior al 21 de Julio próximo pasado y pude enterarme que en dicha fecha (21 de Julio) se presentaron en la administración del edificio, personal de la Subprocuraduría de Investigaciones Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) quienes fueron atendidos y solicitaron información respecto a quien había ocupado en las últimas fechas dicho departamento; se les mostraron los expedientes que contienen los contratos de arrendamiento y copia de las identificaciones que se piden a los inquilinos y así mismo se les mostró físicamente el departamento que ellos querían ver, constatándose que estaba desocupado, por lo que los responsables del operativo explicaron a la administradora que como parte del procedimiento tenían que colocar en las puertas del departamento unos letreros que mostraban que tal departamento era asegurado sujeto a la investigación que en tal operativo estaban realizando.

Al tomar conocimiento el suscrito de la situación anterior busqué saber cuál había sido el referido operativo y fui informado por las autoridades de la Procuraduría General de la Republica y de la Secretaria de la Defensa Nacional que en tal fecha se había realizado en diversos domicilios de la ciudad de La Paz el mismo operativo tratando de localizar a alguna célula identificada como delincuencia organizada.

Entonces pregunté cual era el procedimiento para atender el desahogo de esa situación y fui informado que otras personas que se dedican igualmente a la renta de inmuebles habían sido objeto de el propio operativo, razón por la cual pregunte cual era el tramite a seguir y por conducto de mi hermana que es la administradora de la propiedad supe que debía promoverse en la vía federal jurisdiccional el amparo en contra de el posible aseguramiento del inmueble y en la vía administrativa la solicitud a la Procuraduría General de la Republica de la Devolución del Departamento de que se trata.

Por lo dicho, los referentes que han aparecido en los medios solamente dan cuenta del ejercicio pulcro de las acciones que como ciudadanos honestos tenemos derecho conforme a nuestros marcos normativos constitucionales, los que se han hecho valer en la vía y forma que las propias autoridades nos han indicado.

Por todo lo señalado es de mi  interés que se conozca que detrás de esta situación no obra más que el ejercicio de los derechos que como personas se tienen y además aplaudo el esfuerzo que nuestras autoridades de la Procuraduría General de la Republica y de nuestro glorioso Ejército Mexicano viene realizando para buscar desterrar de nuestra nación el flagelo que significa la delincuencia organizada.