El Partido Revolucionario Institucional, sus sectores, sus organizaciones y su fracción parlamentaria en el Congreso, sostienen públicamente que entre otras cosas importantes que la ciudadanía espera del quinto informe del gobernador, es conocer a plenitud los temas de la inseguridad pública, la administración y procuración de justicia y los derechos humanos, que ocupan varias páginas del Plan Estatal de Desarrollo 2005-2011.
En este documento, que por cierto hace un diagnóstico negativo de la administración anterior (la de Leonel Cota Montaño), el actual gobernador planteó objetivos, estrategias y metas que no se han cumplido, cuando en los últimos cinco años, con el deterioro del Poder Judicial, los habitantes de Baja California Sur han padecido la zozobra de la inseguridad, del narcomenudeo, de las ejecuciones sin aclararse, y del abuso de poder.
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